Millonaria demanda contra la Usina Popular Cooperativa
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Avanza en el fuero laboral un juicio del contador Medina. Pide una fuerte indemnización por su despido y hace graves acusaciones
A partir de la publicación que efectuara Ecos Diarios, el domingo 19 de julio, en la cual Roberto Gómez dirigente de la Multisectorial por una Usina Mejor y Guillermo Petersen quien oportunamente se presentó en la Justicia como particular damnificado por la desaparición de 80 cheques, e hicieran graves acusaciones al Consejo de Administración, presidente y cuerpo gerencial de la entidad, por la desaparición de 80 cheques de lo cual en su momento se acusó a Francisco Medina con su posterior despido de la cooperativa eléctrica, se suma ahora al desaguisado administrativo que salió a la luz en mayo de 2018 un nuevo capítulo, producto del avance que registra en el fuero laboral un millonario reclamo por parte del contador público Francisco Medina, quien exige a la cooperativa una millonaria indemnización en el entendimiento que sufrió una injusta y desprolija cesantía de su relación laboral.
La demanda, que en el marco de la pandemia fuera radicada a fines del pasado mes de mayo en forma virtual-digital en el Tribunal de Trabajo, comprende un reclamo por $1.988.355, que sumando las costas e intereses se elevaría a no menos de $3.000.000, en caso de serle favorable a Medina.
Claro está que un resultado a favor del demandante significará un alto costo, que se solventará a través de los socios de la cooperativa y su pago mensual de la factura de luz.
El instrumento judicial presentado cuestiona el procedimiento del consejo de administración de la Usina en su decisión de despedir al demandante, que se venía desempeñando como tesorero de la cooperativa, a la vez que también resalta el daño moral que tal medida generara en Medina, quien reitera su inocencia en las anomalías administrativas del resonado caso.
Sin derecho a defensa
Ecos Diarios tuvo acceso al, que lleva el número 9.513, que en una larga exposición apunta que «en el despido –producido el 29 de mayo de 2018- no se menciona acta alguna, sin guardar los más elementales requisitos de gradualidad e investigación de los hechos que injustamente lo motivaron». Se trata del punto saliente del juicio planteado, ya que Francisco Medina aduce que el corte de la relación laboral se hizo «sin
haber efectuado previamente un sumario administrativo interno que determinara o no si hubo responsabilidad en los hechos denunciados, de sí o de terceros, o que se diera oportunidad de cuestionar las razones que se esgrimieron».
En tanto se queja porque de esta manera no se le posibilitó haber efectuado su defensa ante la imputación vertida, «pues más allá de si se encuentran o no acreditados los hechos que se le reprocharon al actor, lo cierto es que lo que inicialmente corresponde, es evaluar si los mismos revisten una gravedad tal que hubieran impedido la prosecución del vínculo».
En otro párrafo, el instrumento presentado a la Justicia señala: «Abundando en la circunstancia del despido, se debieron tomar recaudos previos, que asegurasen la verdadera sanción para el caso de corresponderle. Muy por el contrario, livianamente se lo denunció falsamente por hurto, causándole daños directos y colaterales que aún subsisten, despidiéndole por otro causal diametralmente distinto a lo denunciado (inconsistencias administrativas)».
Para dar mayor sustento a la petición, la presentación legal cita al artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, que indica que «las medidas disciplinarias deben ser aplicadas en forma proporcional a la falta o incumplimiento cometido por el trabajador. Prevé, además, que dicho incumplimiento debe ser demostrado, no existiendo en el caso proporcionalidad, y lo que quedó demostrado luego del despido fue inexistencia de causal alguna».
En la demanda, Medina también cita la causa penal que en su momento planteara la Usina, acusándolo del hurto de un cheque que una empresa abonara a la cooperativa, «tipificación que fue desestimada por la Unidad Fiscal interviniente», según expone.
Asimismo hace referencia que «al momento de la presentación de la presente demanda, la Fiscalía Departamental inicia una causa contra integrantes del consejo de administración, derivada de la denuncia efectuada por ellos en mi contra, de la cual a la fecha no se acredita la responsabilidad del suscripto en la causal de despido».
Relación laboral
Paralelo a su reclamo por el despido, el demandante deja en claro que su relación laboral con la cooperativa empezó en noviembre de 2006, en carácter de contratado, pasando el 20 de julio 2011 a la planta de empleados. Y al respecto el largo escrito también da cuenta de una anomalía, al citar que «la modalidad del contrato siempre fue para eludir una relación de dependencia real»… y agrega que «en pocas ocasiones se renovaba el contrato, quedando entre períodos trabajando sin registrar, hasta que se celebraba nuevamente la renovación de los contratos».
A su vez apunta que «nunca tuvo sanciones de ninguna índole, ni llamados de atención, pasando por distintas áreas y prestando funciones donde se me encomendaba».
Daño moral
Por otra parte, como consecuencias del sonado caso, el demandante hace hincapié en que el estado público y trascendencia mediática de la cuestión en la que se ha visto involucrado, fue causal del divorcio de su esposa y colateralmente le generó «un desprestigio social de magnitud, atento su condición de concejal» en el momento de producirse el caso.
En tal sentido se resalta que también le corresponde un resarcimiento material por daño moral, que de no ser contemplado en la legislación laboral derivaría en una nueva demanda, en este caso en el fuero civil.
No lavarse las manos
Guillermo Petersen, quien se presentó como particular damnificado en la causa por la desaparición de cheques en la Usina Popular Cooperativa, como se indicó, presentó una nota en el Concejo Deliberante, que se publicara el viernes pasado en Ecos Diarios, en la que pide que el cuerpo siga de cerca el caso.
En la carta solicita que se eleve el pedido a la comisión correspondiente y que, si se amerita, se cite “al presidente de la cooperativa eléctrica, a su gerente general, tesorero y síndico, para dar las explicaciones del caso a los concejales”.
“La extensa investigación deja sobradas pruebas de una administración desordenada, con faltas de controles contables eficientes y por qué no fraudulenta de las autoridades de la cooperativa eléctrica”, indica la nota.
Opinión
En el sondeo de opinión que se realiza semanalmente a través de la página web de Ecos Diarios elecos.com.ar, más de 200 opiniones se inclinaron que la maniobra fraudulenta tuvo que ser pergeñada por más de un actor, en la desaparición de cheques de la tesorería de la entidad, coincidiendo con los dichos de Gómez y Petersen; en este resonante caso que hoy vuelve a la luz y que involucra a la dirigencia del más alto rango de la Usina Popular Cooperativa.
