Necochea y otros 74 distritos bonaerenses fueron escenario de una masiva redada contra la ciberpedofilia
En el marco de la octava edición de la “Operación Provincial Protección de las Infancias”, se ejecutaron 136 allanamientos simultáneos en toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo a Necochea, con el objetivo de desarticular redes de abuso sexual infantil y acoso en línea.
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Hoy, la provincia de Buenos Aires fue epicentro de un despliegue judicial y policial sin precedentes. Bajo la denominación de “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII”, se llevaron a cabo 136 allanamientos conjuntos y coordinados en 75 localidades bonaerenses, entre ellas Necochea. Esta acción, que representa la octava edición de este tipo de operativos, fue impulsada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del procurador general, el doctor Julio Conte-Grand.
El propósito central de esta intervención fue desbaratar redes de agresores sexuales y combatir la proliferación de abusos sexuales infantiles en el entorno digital. Las investigaciones se centraron en delitos tipificados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que abarcan la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), así como el acoso sexual en línea, conocido popularmente como grooming. La coordinación estratégica estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.
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Para lograr una cobertura territorial tan extensa, el operativo contó con la participación de nueve fiscalías especializadas que actuaron como nodos de detección. Entre ellas se destacaron unidades descentralizadas de General Madariaga, Junín, La Matanza, La Plata, Morón, Moreno-General Rodríguez, Pergamino, Berazategui y San Isidro. Estos equipos trabajaron de forma mancomunada para identificar a los responsables de las actividades ilícitas que operaban en diversos departamentos judiciales, incluyendo el de Necochea, donde se realizaron procedimientos específicos para asegurar pruebas y detener a los sospechosos.
Los resultados del operativo arrojaron cifras alarmantes sobre el alcance de estas redes. Fueron identificadas 123 personas, de las cuales 119 son hombres y 4 mujeres. De este total, 16 individuos resultaron detenidos. Además, se detectó la participación de ocho menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil. Un dato que genera especial preocupación en la comunidad es que siete de los investigados desempeñan tareas que los mantienen en contacto directo con niños y adolescentes, lo que motivó una profundización en las medidas de protección y seguimiento por parte de las autoridades judiciales intervinientes.
Durante los procedimientos, los investigadores hallaron a 59 menores de edad que convivían o se encontraban presentes en los domicilios allanados, además de identificar a siete posibles víctimas directas de estos delitos. Entre los objetivos alcanzados, se destacó la captura de una persona que ya contaba con antecedentes por causas de abuso sexual infantil. Asimismo, se informó sobre un caso particular donde, tras un operativo previo por tenencia de material ilícito, la investigación permitió identificar a una nueva imputada por la producción y distribución de dicho contenido, demostrando la eficacia del seguimiento judicial.
El despliegue tecnológico fue fundamental para el éxito de la operación. En los 136 domicilios se incautaron 70 computadoras y discos rígidos, 95 dispositivos de almacenamiento y 176 teléfonos celulares. El análisis preliminar de estos equipos permitió detectar más de 3.670 archivos de material de abuso sexual infantil. Este volumen de evidencia digital es clave para fortalecer las causas judiciales en curso y asegurar que los responsables enfrenten las penas correspondientes según la gravedad de los delitos cometidos contra la integridad de los menores.
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La red de fiscales y ayudantes fiscales que lideró esta octava edición incluyó a referentes de toda la provincia, entre ellos los doctores Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui, quienes coordinaron las acciones en el departamento judicial de Necochea. Su labor, junto a la de sus colegas en distritos como Mar del Plata, Bahía Blanca, Azul y La Plata, fue esencial para garantizar la sincronización de los allanamientos. La estructura de trabajo permitió una respuesta rápida y efectiva ante las denuncias recibidas, consolidando un frente común contra la ciberpedofilia en todo el territorio bonaerense.
Finalmente, se debe destacar la participación de fuerzas de seguridad especializadas. El operativo contó con el apoyo de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Ariel Rodríguez, y la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, liderada por el comisario Patricio Castro. También colaboraron divisiones de delitos informáticos de diversas localidades y unidades operativas federales, incluyendo las de Necochea, Mar del Plata y Pinamar, cuya labor técnica fue determinante para el éxito de esta compleja misión.
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