“No es una cuestión de edad, es una cuestión de derechos”
Silvia Besoin y Rubén del Muro, miembros de la Ajunaf, críticos y preocupados por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad
Funcionarios judiciales y especialistas en niñez vienen advirtiendo sobre los riesgos del proyecto de ley que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad. Rechazan que se trate de una solución frente a la inseguridad y señalan la necesidad de fortalecer políticas de protección y prevención.
En el programa “Punto de Vista”, por Ecos Radio, la asesora de Incapaces del Departamento judicial de Necochea, Silvina Besoin, y el trabajador social Rubén del Muro, ambos integrantes de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) manifestaron una clara oposición a la iniciativa.
Los especialistas del sistema judicial remarcaron que el enfoque debe estar centrado en la garantía de derechos y no en el castigo.
“No estamos de acuerdo con que se trate como una simple cuestión de bajar la edad. Existen otros marcos normativos que rigen la protección integral de la niñez y que deben ser respetados”, afirmaron.
Compromiso internacional
Silvia Besoin, presidenta de Ajunaf, advirtió que “este tipo de reformas ignoran compromisos internacionales asumidos por el país, como la Convención sobre los Derechos del Niño”.
“Todos los organismos internacionales de niñez han advertido que no se puede reducir la edad penal por debajo de los 16 años. Esto no se trata simplemente de cifras, sino de garantías y derechos que deben ser protegidos”, apuntó la funcionaria judicial.
Uno de los datos que expusieron es que solo el 1% de los delitos en la provincia de Buenos Aires son cometidos por personas menores de la edad penal actual. Además, el 84% de los delitos cometidos por adolescentes son robos, y no delitos graves como homicidios o abusos. Por otro lado, se destacó que el 65% de los niños y adolescentes en la Argentina viven bajo la línea de pobreza, y que 7 millones de ellos no tienen acceso garantizado a una alimentación adecuada.
“Hablamos de una falta estructural de acceso a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación. No podemos plantear una reforma penal sin antes resolver esas vulneraciones”, citaron los entrevistados.
“No resuelve los problemas de fondo”
Por su parte Rubén del Muro, quien también se desempeña en el ámbito judicial, advirtió que “el proyecto no solo es regresivo en términos de derechos, sino que además refuerza un enfoque punitivo que no resuelve los problemas de fondo”.
“Se están proyectando nuevos institutos de encierro mientras se cierran hogares de abrigo. No es que no hay recursos, es que se están orientando al castigo y no a la prevención”, añadió.
Desde la Ajunaf también se alertó sobre la aplicación de medidas restrictivas a adolescentes que no son imputables. Ya existen casos en que menores inimputables están alojados en centros de detención bajo figuras legales ambiguas, se recordó.
“Hoy hay adolescentes inimputables encerrados sin condena, solo por decisión judicial bajo la figura de medidas de seguridad. Esto abre una puerta peligrosa que contradice el espíritu de las normas internacionales ”, puntualizaron.
En otro tramo de la entrevista en Punto de Vista, Besoin y del Muro mencionaron que “mientras no haya un proyecto social que garantice acceso al trabajo, educación y condiciones dignas de vida, la inseguridad seguirá creciendo. Bajar la edad de imputabilidad no va a resolver el problema.”
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