“No existe crisis institucional en la cooperativa”
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Le respondió la síndica de la Usina, Graciela Aberastegui, a Roberto Gómez y a Ricardo Luzarretta a través de una nota
“Los lamentables hechos que son de público conocimiento fueron advertidos gracias a la labor conjunta de la sindicatura, la auditoría externa, el cuerpo gerencial y el Consejo de Administración, y de manera inmediata fueron denunciados penalmente a los fines de su investigación y hoy están en manos del fiscal de turno”, señaló la síndica titular de la Usina Popular Cooperativa, Graciela Aberastegui, para dar cuenta del trabajo que viene realizando, tras la desaparición de los cheques en la cooperativa eléctrica.
Por medio de una nota, le respondió a Roberto Gómez y Ricardo Luzarreta, integrantes de la Multisectorial Necochea y Quequén, y desmintió varios de los planteos y críticas realizados por dichos socios.
Cabe recordar que Gómez y Luzarreta le pidieron a la síndica –también por medio de una carta- explicaciones acerca de lo acontecido, de la situación de la entidad y de su tarea en lo que hace al control y verificación de la administración, libros y documentos.
Planteos “falsos”
En varios tramos de la nota, Aberastegui enumera lo que para ella son planteos “falsos” y argumenta en torno a cada una de las situaciones denunciadas.
“Es falso que la Usina Popular Cooperativa atraviese una difícil situación económico – institucional, afirmación que (…) carece de sustento fáctico y probatorio dado que el patrimonio neto de la institución arroja la suma de $ 206.348.089,10, según ultimo balance aprobado en la Asamblea General de Delegados celebrada el 6 de octubre de 2017”, indicó la síndica.
Además agregó que también “es falsa la existencia de un supuesto iceberg, suposición que corre por vuestra exclusiva cuenta y que nace de la acción individual de un ex empleado (hoy despedido) y denunciada penalmente por la propia conducción”. En este sentido, cabe recordar que en la nota enviada por Roberto Gómez, se planteaba que “un faltante de 80 cheques de la institución cooperativa (…) son para nosotros sólo la punta del iceberg que, en definitiva, puede arrastrar a la UPC a una crisis institucional mucho mayor, poniendo en riesgo tanto el funcionamiento de la misma, como la prestación del servicio eléctrico en la zona”.
En este aspecto, la síndica fue contundente: “No existe ninguna crisis institucional susceptible de poner en riesgo el funcionamiento de la cooperativa ni la prestación del servicio eléctrico”
Además insistió en que “también es falso que el nivel gerencial de la cooperativa se mantenga o haya mantenido ajeno a los hechos, habiendo los funcionarios jerárquicos actuado de manera inmediata y eficiente al tomar conocimiento de los mismos”. También se mencionó que entre las primeras acciones adoptadas se informó al poder concedente y sus representantes.
Para terminar, aseguró “los hechos fueron advertidos gracias a la labor conjunta de la sindicatura, la auditoría externa, el cuerpo gerencial y el Consejo de Administración, y de manera inmediata fueron denunciados”.///
