Ocho años del inicio de una causa que se encuentra en un limbo jurídico
Se inició el 6 de diciembre de 2014, tras la muerte de un joven en extrañas circunstancias
El próximo 6 de diciembre se cumplirán ocho años de la muerte del joven Michel “Noa” Suárez en confusas circunstancias tras estar demorado varias horas en la Comisaría Segunda de Quequén. A pesar del tiempo transcurrido, todavía no se sabe cuándo serán llevados a juicio los cuatro policías imputados por lo que en un principio fue considerado un “homicidio culposo”.
La causa iniciada tras los reclamos de la familia de Suárez, se encuentra por estos días en un limbo judicial, luego de que el año pasado el abogado del particular damnificado lograra la ampliación de la calificación.
El juicio había comenzado el 1º de septiembre de 2020 pero debió postergarse cuando uno de los imputados contrajo Covid.
Recién se reanudó en febrero de 2021 y parecía que finalmente se iba llegar hasta el final del debate, pero se postergó una vez más luego de que la jueza Mariana Jiménez se declarara incompetente.
El lunes 25 de agosto del año pasado se produjo un nuevo capítulo en la controvertida historia cuando la causa pasó del Juzgado Correccional al Tribunal Criminal Nº 1.
Por aquellos días el abogado de la familia Suárez denunció un bloqueo procesal en el Departamento Judicial de Necochea para que la causa no avanzara.
Los cuatro policías que están imputados optaron por ser juzgados con la participación de jueces técnicos, evitando de esa manera, la participación de los “jueces del pueblo” (un jurado popular).
El siniestro “locutorio”
Michel “Noa” Suárez fue aprehendido el viernes 5 de diciembre de 2014 y murió en la madrugada del sábado 6. Según la versión policial, el joven apareció ahorcado en una dependencia que le dicen “locutorio”, donde habitualmente se alojan a los aprehendidos.
Suárez había sido apresado minutos antes por personal policial, acusado de participar en la rotura de vidrios de un local político, en la calle 550 entre 519 y 521, de Quequén.
Según informó en su momento la Jefatura Departamental, a través de un parte de prensa, alrededor de la medianoche de ese 5 de diciembre, el joven había sido aprehendido en plena vía pública, mientras que otros individuos que estaban con él, lograron escapar de los uniformados.
Hubo vecinos del sector que observaron a un grupo de jóvenes provocando destrozos, por lo que se considera que eran al menos, entre dos y tres individuos los que se desplazaban por esa zona de Quequén.
Michel Suárez quedó alojado en un sitio denominado como “locutorio”, en la Comisaría Segunda de Quequén, donde comúnmente se ubican a los aprehendidos hasta que la Justicia decide su detención o liberación.
Según los policías, allí fue encontrado ahorcado, pero aún presentaba signos vitales y se solicitó la presencia de una ambulancia en la Seccional Segunda. Inmediatamente, los policías trasladaron al joven esposado en un móvil rumbo al Hospital Irurzun, de Quequén, donde falleció.
En la guardia de ese nosocomio, Suárez falleció alrededor de la 1 de la madrugada y horas después la autopsia practicada en el Hospital Municipal Ferreyra indicó que el deceso se produjo por ahorcamiento, de acuerdo con el informe del médico de la Asesoría Pericial Carlos Rodríguez.
Quien era el jefe de la Departamental de Policía, Carlos Cernadas, se hizo presente en la Comisaría Segunda para verificar lo sucedido y se entrevistó con el titular de esa repartición en diciembre de 2014, Guillermo Farías.
La Fiscalía fue notificada del episodio y se iniciaron actuaciones por “averiguación causal de muerte”.
Asimismo, se instruyó un sumario administrativo en el área de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para determinar las responsabilidades de los policías que estaban en la comisaría esa noche.
Responsabilidad
Pero para la familia del joven, la responsabilidad de la muerte es de los agentes que estaban en funciones en la Comisaría Segunda, donde se encontró al joven ahorcado con los cordones de sus zapatillas y de la malla que llevaba puesta.
Los parientes de Suárez consideran que fue golpeado duramente en el procedimiento callejero que derivó en la aprehensión y posterior traslado a la dependencia oficial.
La fiscal que investigó el hecho, Mirta Ciancio, ya jubilada, imputó a los cuatro efectivos del delito de “homicidio culposo”, pero el abogado de la familia Suárez, Sebastián Barletta, insiste en que la calificación legal debería ser “torturas seguidas de muerte”.
Para el Ministerio Público Fiscal, los uniformados incumplieron en su deber de quitarle los cordones de las zapatillas y otras pertenencias durante la estadía del aprehendido en la dependencia.
Los efectivos acusados de “homicidio culposo y severidades” son: Fernando Pérez Zenatti, Matías Germán Larrea, Yanina Paola Mohana y Héctor Daniel Allamanla.///
