Osprera intervenida: denuncias por corte de servicios e interrupción de tratamientos y suministro de medicación
La obra social de los peones rurales fue intervenida hace dos meses por el Gobierno nacional. Días atrás, la Superintendencia de Servicios de Salud denunció un presunto desfalco, desmentido por el titular de UATRE.
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Tras dos meses de intervención por parte del Gobierno, Osprera, la obra social de los peones rurales, enfrenta graves denuncias por cortes en los servicios y la interrupción de tratamientos y medicación.
Hace unos días, la Superintendencia de Servicios de Salud, que lleva adelante la intervención, denunció un presunto desfalco de $ 3.350 millones. Sin embargo, José Voytenco, titular de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), desmintió la acusación y apuntó al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien culpó de vaciar la obra social.
En medio de esta disputa, se informó que las cuentas bancarias de Osprera habrían sido bloqueadas en todo el país, lo que interrumpió la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica de más de 700 mil trabajadores rurales, según el portal La Política Online. Este hecho derivó en un aumento de denuncias en diversas provincias por el corte de servicios médicos, tanto para tratamientos ambulatorios como oncológicos y de alto costo.
La intervención de Osprera
La intervención de Osprera fue dispuesta por Mario Lugones a fines de octubre, mediante una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, que removió al Consejo Directivo de la obra social, el cual había asumido en julio tras una intervención judicial que duró quince meses.
Desde entonces, Osprera ha recibido cientos de reclamos y denuncias por la interrupción generalizada de los servicios médicos y, especialmente, por la interrupción en la provisión de medicamentos. Muchos casos fueron judicializados, con denuncias por incumplimiento, imposición de astreintes (medidas compulsivas para obligar el cumplimiento de decisiones judiciales) e incluso se han iniciado causas penales por desobediencia judicial.
La suspensión de pagos genera intereses, multas y otros cargos adicionales, lo que ha empeorado aún más la situación. Además, preocupa el incumplimiento de convenios judiciales, lo que ha derivado en embargos de cuentas, la caída de plazos y el aumento de costos por intereses, vulnerando los derechos de los trabajadores. (DIB) GML
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