Otra tragedia que expone la fractura de la sociedad argentina
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La vida en el interior de nuestra sociedad política está concentrada en las culpabilizaciones recíprocas y en la discusión estéril entre modelos de país anclados en el pasado
Por Jorge Ossona (*)
El asesinato a sangre fría de un colectivero en La Matanza ha evocado, una vez más, la fractura profunda que atraviesa concéntricamente a los diversos escenarios de la sociedad argentina.
El primero y más trivial es el de la grieta política. El incidente suscita un pase de facturas entre jurisdicciones del poder político que, lejos de solidarizarse en torno del interés general, priorizan los de su facción.
Por un lado, una intendenta que se desresponsabiliza de la seguridad de su municipio, uno de los más pobres del país. Por el otro, un gobierno provincial que denuncia la subejecución o el desvío de los fondos girados a tales efectos.
Luego, un intercambio de chicanas anticipatorias de la justa electoral del año próximo. Así transcurre la vida en el interior de nuestra sociedad política concentrada en las culpabilizaciones recíprocas y en la discusión estéril entre modelos de país anclados en el pasado.
Otro fue el de las protestas solidarias de los compañeros laborales de la víctima, hartos y aterrados de episodios análogos cotidianos. En sintonía con ellos, aparecen algunos familiares y vecinos del trabajador ultimado advirtiendo a las autoridades públicas que la situación de inseguridad en los barrios es terminal, e invitan al resto de la ciudadanía a «hacer algo». No es difícil advertir detrás del reclamo la comprensible demanda de mano dura como lo prueba la solicitud a las autoridades provinciales del envío de fuerzas de la Gendarmería, más temibles y eficaces por su sola presencia que las entre venales e incompetentes fuerzas policiales, sobre todo las dependientes del municipio.
Los victimarios
Un tercer escenario remite al mundo de los victimarios: dos adolescentes de 17 y 18 años. Se le atribuye la reacción a los estragos del paco y el narcotráfico. Una simplificación que omite un trasfondo más complejo: el de las representaciones mentales de las bandas de jóvenes marginales que controlan subterritorios del Conurbano profundo del GBA.
Los hechos hablan por sí mismos. Uno de los agresores ingresa en el colectivo sin su SUBE y exige prepotentemente al conductor que lo admita. Este se niega. Una pasajera sensata advierte el peligro y dispone de su tarjeta para que la discusión no escale. El joven logra su cometido. Pero ha sido herido en el pundonor de su indumentaria de piercings, tatuajes y gorras en los que se afirma ante el resto de los pasajeros como «maldito».
Convoca por WhatsApp a un «ñeri» para que lo espere en una parada acordada y haga valer los códigos del honor de los «los pibes» erigidos en una casta superior: un vasto espectro de sanciones ejemplares que incluye la que se le aplica despiadadamente al colectivero. Un mensaje y, a la vez, un mérito a ostentar respecto del resto de sus pares: el estigma positivizado de ser un «maldito» en serio y no un «gil de cuarta».
Un modelo que desciende jerárquicamente desde el capo de la banda cuya autoridad resulta avalada desde arriba, probablemente por la policía, que garantiza inmunidad a cambio de los réditos de algún servicio ilegal. Y por el referente político territorial que los requiere como fuerza de choque en movilizaciones callejeras ordenadas por sus superiores.
En el barrio, conocen la anatomía y la fisiología de la red, pero nadie las revela por miedo a las represalias que oscilan desde desalojos compulsivos, violaciones, cuando no el destino del chofer malogrado.
Un último escenario transcurre en la comisaría en donde es recluido uno de los presuntos asesinos. En un video grabado por sus compañeros de calabozo, el joven pide burlonamente perdón, imitando los gemidos de distintos animales y pidiendo al «cumpa», su capo, un novio, reconociéndose como un «putito loco». Una interpretación superficial para los que no conocen esos mundos: la osadía impúdica que refuerza el odio y las demandas punitivas.
Otra, más verosímil para los entendidos: el castigo humillante propinado por los delincuentes más experimentados a un «cachivache», un «perejil» que pretende «dársela de poronga» cuando no es más que un «maleducado», casi siempre «gato» de «la yuta» como sus pares.
Es el mundo de los códigos tumberos que celebran el ingreso de un «tierno» pasible de otra de las sanciones de la marginalidad. Aquella en la que el término «poronga» deja de ser una metáfora escatológica y exhibe las dimensiones corporales del ejercicio el poder de los que mandan en un agregado.
Un único telón de fondo: barrios sin pavimentos ni cloacas, barras de pibes desafiliados «ni-ni», fumando paco en las esquinas, cobrando peajes y pululando sobre ruidosas motos, otros de sus emblemas distintivos. Policías, jueces y políticos venales, y una fractura entre «laburantes» y «vagos» que hasta solo unas décadas compartían la utopía peronista igualitaria sustentada en políticas públicas veraces y no en discursos cínicos de millonarios que desde sus guetos exclusivos claman por la exclusión de «los pobres» por «los ricos».
(*) Historiador
