Pagar el «rescate»
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El avance del delito en todas sus expresiones ha sido tan pronunciado en nuestra ciudad en los últimos años, que constantemente surgen aspectos llamativos que potencian el sentimiento de los ciudadanos que cada vez están más sometidos a los antojos de los que eligen el camino de la delincuencia.
La introducción viene a cuento de la noticia que días atrás publicara Ecos Diarios, dando cuenta del pago de $22.000 que realizó el propietario de una agencia de automotores para recuperar dos motos que le habían sido robadas.
Seguramente convencido que varias de las investigaciones de la Policía y Justicia nunca llegan a buen puerto, el comerciante en cuestión optó por negociar con los delincuentes que le sustrajeran sus vehículos el “rescate” de los mismos.
La “transacción” llevó varios días, en una especie de tire y afloje que se cerró en el monto antes citado y las motos les fueron restituidas a cambio del dinero acordado.
Bien se puede decir que el caso, que obviamente no es el único en nuestra ciudad, es un verdadero disparate. Pero a la vez desnuda el descreimiento de la ciudadanía en quienes deben protegerlo, evitando que estos y otros hechos se produzcan.
Lo cierto es que desde hace un tiempo que ante el robo de un bien, desesperados damnificados optan por publicar en las redes sociales la entrega de dinero, a modo de recompensa, para recuperar lo que les pertenece.
Quienes obviamente están atentos a estas cuestiones, pronto se ponen en contacto con la víctima y pautan la restitución de lo robado, a cambio de determinada suma de dinero.
A veces ni siquiera, este tipo de “caranchos” aguardan que la persona a la que le robaron haga una oferta a través de Internet rápidamente buscan la forma de comunicarse con el damnificado y solicitan el “rescate”. Esta conducta es habitual con el robo de mascotas.
Más allá del despojo que siente quien es desprovisto de algo de su propiedad, con este tipo de intercambio se da vía libre a la extorsión y siguen ganando la batalla los pocos, pero activos facinerosos que tiene a mal traer al vecindario.
La Policía y miembros de la Justicia permanentemente instan a las víctimas a hacer la denuncia correspondiente. Pero si ello ocurre, con frecuencia los allanamientos para tratar de recuperar los elementos se hacen varias horas después del hecho, lo que posibilita a quienes se apoderaron de los mismos los escondan debidamente.
Asimismo a veces ni siquiera se implementan estas diligencias, porque desde la Justicia de Garantías se entiende que no hay pruebas suficientes para allanar una vivienda u otro inmueble sospechado de ser el escenario de ocultamiento de esos objetos sustraídos.
Ante este cuadro no sorprenden que los damnificados opten por pagar para recuperar sus pertenencias. Está claro que quien abona dinero para recuperar lo que le robaron queda “marcado” para seguir siendo víctima de sustracciones, pues es muy probable que repita su accionar ante otro golpe a sus bienes, resultando con este tipo de “acuerdos” que se potencie la impunidad de los delincuentes. Mientras tanto para la Policía como para la Justicia pasa a ser un “caso cerrado.”
