Decisiones encontradas por inmuebles históricos
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Si bien existen normas con imposiciones, el propietario tiene la facultad de disponer modificaciones o la demolición de su inmueble. Una cuestión de identificación
La actual demolición del edificio de 52 y 59, conocido como la Chevrolet, ha vuelto a disparar opiniones encontradas entre quienes desean mantener la historia, y la facultad que les asiste a los dueños de inmuebles que no desean o pueden mantener.
Dicha propiedad integra un listado de un centenar de edificios que fuera elaborado en el año 2.000 por la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Distrito de Necochea, con el aval de la Comisión de Defensa del Patrimonio de la Provincia de Buenos Aires, que envió a reconocidos arquitectos como Alberto Petrina y Sergio López Martínez.
La primera ordenanza municipal vinculada a los bienes privados que son declarados patrimonio histórico data de 1981, y tuvo como base creativa a un grupo del Centro de Ingenieros. La misma sería luego remplazada por las ordenanzas 4.232 y 4.238, del año inicial de este siglo, en coincidencia con la confección de un catálogo de propiedades contempladas como patrimonio urbano arquitectónico.
En la oportunidad se hizo un relevamiento exhaustivo de estancias y paseos del partido, así como también los inmuebles que fueron seleccionados y que pasaron a conformar tal inventario, con la anuencia previa de sus dueños. Entre ellos figuran el de 52 y 59 (estilo neo colonial), Santurtun (fue construida en 1882), que fuera intervenida años atrás, Colegio Nacional, Cine y Teatro París, chalet “La Margarita” (57 y 60), Bar Rex (62 entre 63 y 65) y los chalets “Neco” y “Echea” (de estilo neo-colonial, propio de la década del 30) en calle 4 entre 79 y 81; entre otros.
Todas las propiedades deben tener una declaratoria que consiste en una planilla que elabora la Municipalidad. En el caso específico de la ex Chevrolet, no la contaba.
La arquitecta María Elena Méndez es una experta en el tema, habiendo integrado desde hace décadas comisiones ligadas al patrimonio arquitectónico. Según especifica, “un inmueble pierde su valor patrimonial cuando se lo interviene, ya que el mismo tiene que ver con lo histórico, arquitectónico y autenticidad en el tiempo, es decir que no haya sido modificado”.
Prebendas
La ordenanza vigente contempla la exención del pago de tasas urbanas para propietarios que, mediante convenios con el municipio, deciden no alterar las fachadas de edificios, pese a hacer modificaciones en su interior. El Hotel Marino y próximamente el de 57 y 62 (farmacia) son dos ejemplos de este tipo de convenios.
A su vez establece algún tipo de ayuda o subsidio para arreglar aquellas propiedades que su dueño desea mantener y no dispone de recursos económicos. Un ejemplo de una intención en ese sentido son las tratativas que lleva a cabo el vecino Arturo Almeida, con el chalet Astelarra en Quequén, para arreglar los techos.
Facultades recortadas
Del lado de quienes defienden la facultad de los dueños de hacer lo que entiendan necesario o conveniente con su bien, se sostiene que “en la ciudad hay decenas de edificios históricos que están abandonados y se constituyen en reales peligros de derrumbes. Surge la decisión de sus propietarios de demolerlos y ahí se alzan voces en su contra…”
El caso que más se recuerda entre los defensores de mantener “la historia” surge la demolición, en 1996, del chalet “la Juanita” en 59 y 46, actual estación de servicio. “Fue un fuerte impacto”, recordó Méndez, quien lamentó sitios que se han perdido, como los ex hoteles Vasconia y España, en la zona céntrica. “Hay que conservarlos como paisaje urbano porque quedan muy pocas casas antiguas”, sostiene y luego agrega que “en esto existe mucho desconocimiento de la comunidad, y poco apego a la historia”.
Entre las propiedades que no han sufrido alteraciones se contabilizan la casona de la familia Balsategui (62 y 57), de la familia Zabala, en 54 entre 57 y 59 y de los comercios Hidalgo y Dones, en 59 entre 62 y 64.
Más allá de lo que establezcan las normas, entre ellas multas para quienes modifican fachadas o demuelen, la realidad es que nada puede detener la determinación del propietario.
Al respecto vale destacar que la ordenanza vigente determina que la propiedad puede ser vendida o modificada en su interior, pero no en su frente o fachada.
Al propietario también le asiste el derecho de recusar la calidad de patrimonio histórico de su vivienda que alguna vez acordara. Lo puede concretar a través de una presentación avalada por un abogado y el inmueble sale del catálogo o inventario que integrara.
Respecto al listado de patrimonio histórico no ha sido modificado desde 2000, aunque los conocedores del tema sostienen que ya se estaría en condiciones de sumar más propiedades, por caso las construidas en la década del 70. “La historia de las edificaciones no terminó en la década del 40 y se transforma constantemente. Por caso se podrían incorporar las viviendas con frentes elaborados con la piedra Mar del Plata. Lo importante es mantener referencias de cada época y eso es una cuestión de identificación por parte del dueño”, sentenció la arquitecta Méndez.
Respecto a incorporaciones al patrimonio histórico, trascendió que se sumaría al cementerio de Necochea.
Sobre el posicionamiento de la comuna, la titular de Obras Privadas, Leandra Grassi, explicó que “se trata de casas que si bien integran el valor patrimonial histórico, pertenecen a privados y no al patrimonio del municipio. Es por ello que cuando un frentista viene con la intención de demoler o modificar su propiedad, no se le puede impedir su decisión, aunque se lo insta a mantener la fachada en todo lo que se pueda”.
Como última posibilidad, si la intención de demoler es irrevocable, se solicita al dueño que deje alguna “huella histórica”, que atestigüe la existencia en su momento de una edificación con historial.
En el caso específico de la propiedad 52 y 59, se acordó mantener la fachada que da a la primera arteria, mientras que no se podrá impedir la demolición del sector que da a la avenida, ya que hay que extraer los tanques que contenían combustible existente en el subsuelo y no se podrá mantener la estructura de paredes.
Otras modificaciones en los frentes de casas del patrimonio suelen ser ordenadas por la propia Municipalidad, ante el peligro de desprendimientos o derrumbes por falta de mantenimiento.
La Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural y Natural está integrada por representantes del municipio (Obras Privadas), de colegios de profesionales, Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo y Entur, entre otros organismos, y se reúne regularmente una vez por mes.
Más allá de todo, el mantenimiento de los edificios oscila en el deseo y decisión de sus dueños originales o herederos: afianzarse a la historia o echar por tierra con la misma.
