Pedido de detención al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por corrupción

Ordenaron la detención del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado por corrupción. La medida la dispuso la Cámara de Casación de Paraná, en relación al dirigente que en 2022 recibió una sentencia de ocho años de cárcel por negociaciones incompatibles con la función pública.

El fallo contra Urribarri, quien en 2020 había sido nombrado embajador en Israel por el gobierno de Alberto Fernández y tuvo que renunciar a raíz de una primera sentencia en su contra, fue firmado este martes en forma unánime por las vocales de la Cámara, Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

La Justicia entrerriana considera probado que Urribarri usó de forma ilegal fondos públicos para, en algunos casos, financiar sus campañas electorales a través de contratos de imprenta y publicidad, entre otras maniobras.

Los fiscales habían pedido el cumplimiento efectivo de la condena vía prisión preventiva “fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución”. Para los representantes del ministerio Público “han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.

El exmandatario había sido condenado en primera instancia el 7 de abril de 2022, sentencia confirmada por Casación de Entre Ríos en 2023. La fiscalía pidió la detención cuando el Superior Tribunal provincial le rechazó un recurso extraordinario local, pero en un primer momento la Cámara rechazó la solicitud. La fiscalía recurrió entonces esa decisión y este jueves finalmente, se ordenó la captura.

La orden fue comunicada al jefe de la Policía de Entre Ríos, que una vez que capture a Urribarri deberá “alojarlo” en la Unidad Penal 1.

En 2020, Urribarri había sido nombrado embajador en Israel por el gobierno de Alberto Fernández y tuvo que renunciar a raíz de una primera sentencia en su contra.

Entre los hechos juzgados, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se hizo en Paraná en 2014.

Quedó probado además que esas y otras contrataciones, como la de pautas publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tuvieron por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.

El Tribunal también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión: se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.

El exministro Pedro Báez también fue condenado a seis años de prisión. Otro de los exministros del entonces gobernador, Hugo Marsó, fue absuelto.