Piden 15 años de cárcel a funcionario por dar registros truchos y 3 a Federico Bal
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El fiscal Marcos Pagella pidió hoy quince años de prisión para un funcionario al que consideró como jefe de una asociación ilícita dedicada a la «venta» de licencias de conducir truchas en Mar del Plata, en la misma causa en la que reclamó tres años de cárcel en suspenso para el actor Federico Bal, acusado de haber tramitado uno de los registros irregulares.
Los quince años de cárcel fueron reclamados para Juan Carlos Belmonte, principal acusado y quien estaba a cargo del área que emitía los registros.
Para otros nueve acusados, el fiscal solicitó condenas que van desde los cinco hasta los 12 años de cárcel.
Tras dos jornadas de alegato ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone, el fiscal pidió para Belmonte 15 años de prisión e «inhabilitación para desempeñar cargos en la función pública», al considerarlo jefe de la asociación ilícita, coautor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautor de cohecho pasivo.
El fiscal acusó a los otros funcionarios municipales de coautores de asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se trata de Alberto Carlos Zelaschi, para quien pidió 12 años, Viviana Beatriz Pared (9 años), Fernando Peña y Luis Alberto Belmonet (8 años), Leda Raquel Araya (7 años y medio), Sabrina Soria, Verónica Noemí Benedetti y Raul Ernesto Hernandez (6 años), y Ester Bonifini, (5 años).
La banda vendió más de 15 mil registros de conducir ilegales, según estimaron fuentes judiciales. Por día, la organización tramitaba entre 50 y 70 carnets apócrifos y cada integrante de la asociación ilícita facturaba -en promedio- hasta 17 mil pesos por semana.
De acuerdo a lo que determinó la justicia, los registros se vendían a 600 pesos cada uno, pero si se trataba de licencias de conducir profesionales, como colectiveros o taxistas, el monto podía ascender a 800 pesos.
Pero los registros más caros -se cobraban 3 mil pesos cada uno- era para quienes tenían problemas de salud y no habían aprobado el examen médico. «También se aprovechaban de los ancianos: les cobraban entre $ 1.500 y $ 2.000», dijeron fuentes judiciales. Uno de los imputados confesó que se compró una casa con la plata de las coimas.
En 2014, en el marco de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por la impresión y entrega de licencias de conducir apócrifas, efectivos de Prefectura allanaron las oficinas del distrito Descentralizado El Gaucho, donde además fueron detenidas 25 personas.
