Piden embargar por $650 millones al ex titular y ex funcionarios de IOMA
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La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires y la UFI 11 de La Plata pidieron que se dicte una inhibición de bienes contra Antonio La Scaleia, ex titular de IOMA durante el Gobierno de Daniel Scioli, y otros diez ex funcionarios de la obra social estatal.
El planteo, que ahora debe resolver la jueza Marcela Garmendia pide una inhibición hasta cubrir la suma de 650 millones de pesos y prohibición de salir del país para once imputados en la causa que investiga supuestas maniobras de estafas en la obra social.
Todos ellos fueron procesados por los delitos de «fraude y asociación ilícita», que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de 650 millones de pesos con la tramitación de internaciones domiciliarias y otras maniobras dentro de IOMA.
La imputación alcanza a un total de 17 personas, entre ex funcionarios del organismo, ex integrantes del directorio en representación de distintos gremios y empresarios dueños de firmas de internaciones domiciliarias.
A partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, se inició una investigación en la UFI 11. Y en ese marco, el fiscal platense Álvaro Garganta firmó el año pasado el auto de procesamiento, en el que señaló que «existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y empresarios que conducían un grupo de firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo».
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, La Scaleia, compareció ante Garganta y aseguró que son «inimaginables» los cargos por delitos de «fraude u asociación ilícita» de los que se lo acusa. En su descargo, aseguró que en su gestión a la obra social «la equilibramos y la dejamos con un superávit de 764 millones de pesos, con un IOMA más ordenado y con recursos». Además, sostuvo que la acusación en su contra es «inimaginable», y que es «la primera vez» que enfrenta un proceso judicial.
Además, negó conocer a las empresas de internación domiciliaria Domisalud S.A., Intergemed S.R.L., Juntos en Casa S.R.L., SOS S.A., y Cerca Salud S.A., todas sospechadas en las maniobras de fraude, y aseguró que empezó a tomar contacto con estos nombres «cuando en el año 2016 surgió ese informe de La Nación sobre los Panamá Papers».
