Piden indagar a Julio de Vido por presuntos sobornos a Odebrecht
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Lo solicitó el fiscal Delgado. También declararán otras 14 personas, entre ellas exfuncionarios.
El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer la citación a declaración indagatoria del exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio de Vido, del exsecretario de Energía Daniel Cameron y del extitular del Enargas Fulvio Madaro, entre otros acusados por sobreprecios en obras de ampliación de dos gasoductos adjudicadas a la empresa brasileña Odebrecht.
“El Estado Nacional fue engañado por un grupo de funcionarios y de empresarios privados”, sostuvo el fiscal en un escrito al juez federal Daniel Rafecas en el que también pide indagar al exvicepresidente de Cammesa Luis Beuret, al extitular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, a antiguos directivos de las transportadoras de gas y a Marco Faria Silva, un apoderado de Odebrecht, entre otros imputados.
Delgado aclaró que por el momento no pretende indagar al ya detenido exsecretario de Obras Públicas José López porque si bien hay “certeza” del pago de sobornos, delito que lo puede involucrar, todavía no se incorporaron las pruebas a la causa. El fiscal acusó a los imputados de “defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles”, aunque en el dictamen no descartó que la constructora brasileña haya pagado sobornos.
Las maniobras investigadas relativas a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur por parte de Transportadora Gas del Norte y del Sur “generaron que el Estado nacional terminara pagando valores mucho más elevados por las obras que en lo que en rigor de verdad valían”, subrayó en el dictamen. Delgado apuntó al Ministerio de Planificación, a la Secretaría de Energía, a la de Obras Públicas, a la subsecretaría de Combustible y al Enargas, organismos “encargados de la organización, aprobación, control y seguimiento técnico de la obra”, proceso que comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner.
También remarcó que “Nación Fideicomiso SA y Cammesa SA” fueron responsables de la administración de los fondos asignados. “Los empresarios junto a los funcionarios públicos y los responsables de administrar los fondos del Estado al momento de los hechos investigados, engañaron al Estado nacional en la contratación, para sacar un benefi cio económico a cambio”, argumentó el fiscal.
Para Delgado, hubo un “armado de la estructura legal de la obra pública” que derivó en una “ingeniería normativa que se creó para suspender las leyes preexistentes y así disponer del dinero sin mecanismos de control”.
Sobre la base de eso, remarcó, hubo “contrataciones privadas donde se produjeron los sobreprecios”, puntualizando que fueron “privadas a medias porque estaba Cammesa y porque la Secretaría de Energía y el Enargas ‘acompañaron’ las decisiones de las firmas privadas”.
