Planteo judicial de bibliotecas por decreto contra la Conabip
Bibliotecas populares se oponen al decreto del Gobierno. Denuncian, que desmantela el modelo federal de gestión de la entidad que las nuclea
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Las Bibliotecas Populares de todo el país presentaron una demanda colectiva de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal contra el decreto 345/2025 del Gobierno nacional, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo.
La demanda, patrocinada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cuestiona que el decreto avanza sobre competencias del Congreso, incurre en regresividad institucional y atenta contra un modelo de gestión que desde hace más de 150 años garantiza el acceso federal y democrático a la lectura a través de las Bibliotecas Populares.
La presentación judicial solicita además una medida cautelar para suspender los efectos de los artículos 2, 8, 9, 10 y 20 del decreto, por considerar que vulneran normas constitucionales, tratados internacionales y derechos colectivos vinculados a la cultura.
Desnaturalizado
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) fue creada en 1870 por ley del Congreso a instancias del presidente Domingo F. Sarmiento. A lo largo de los siglos XX y XXI consolidó un esquema participativo de articulación entre el Estado nacional y las más de 1.500 bibliotecas populares de todo el país, que hoy llegan a más de 4 millones de personas con el trabajo comprometido de más de 30.000 voluntarios.
Ese esquema quedó institucionalizado con la Ley 23.351 sancionada en 1986, que reconoce el carácter de organizaciones de la sociedad civil a las bibliotecas populares, su derecho a recibir apoyo estatal, y el principio de federalismo cultural.
Se especificó que el decreto 345/2025, según la demanda, desnaturaliza este régimen al concentrar funciones, intervenir el Fondo Especial de Bibliotecas Populares y alterar el funcionamiento histórico de la Conabip.
En el territorio nacional, la Conabip nuclea a cientos de bibliotecas que cumplen un rol social, educativo y cultural esencial. Entre ellas se encuentran la Biblioteca Popular “Andrés Ferreyra “y la Biblioteca Popular de Quequén.
Tras la publicación del decreto, el Poder Ejecutivo lo remitió a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el pasado 3 de junio. La comisión tenía plazo hasta el 10 de junio para emitir dictamen, pero no lo hizo. Ahora, la definición queda en manos de ambas cámaras del Congreso, que pueden rechazar o convalidar el decreto en sesiones ordinarias.
El movimiento de Bibliotecas Populares lleva adelante una campaña activa de defensa de la Conabip que incluye envío de cartas a senadores y diputados, acciones de visibilidad en redes sociales, actividades públicas en todo el país y articulaciones con referentes culturales, exfuncionarios y organizaciones sociales.
Más de 5.000 personalidades del ámbito cultural —escritores, artistas, docentes y gestores— firmaron una carta pública exigiendo el rechazo del DNU y la preservación del sistema de bibliotecas populares.
“El reclamo no se limita a una cuestión administrativa. Se trata de la defensa de un modelo participativo que garantiza el acceso igualitario a la cultura y la lectura como derechos fundamentales. La continuidad de ese modelo depende hoy de una decisión política clara en defensa del federalismo y la vida cultural comunitaria”, se expresó desde la Conabip.
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