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    Polémica por la liberación de detenidos

    28 de abril de 2020 | 21:25
    Polémica por la liberación de detenidos
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    Consecuencia de la pandemia. La fiscal general Analía Duarte puso reparos y consideró que las víctimas han sido poco escuchadas. La Provincia negó que haya un plan para liberarlos.

     

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    La decisión de sacar presos de las cárceles bonaerenses masivamente  es una situación completa que tiene un fin, presuntamente sanitario, para que no se produzca una cantidad alta de contagios de coronavirus en las cárceles bonaerenses, debido a lo complejo que sería la atención y lo fácil de la trasmisión del virus.

    Los miembros del tribunal de casación ordenaron el arresto domiciliario de los presos en riesgo de contagio que se encuentren alojados en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

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    De esta manera se implementó esta decisión mediante la cual, en nuestra ciudad, ya habría diez personas cumpliendo arresto domiciliario, que se encontraban en su mayoría en la cárcel de Batán e integran los grupos de riesgo. Esto ya había sido informado por Ecos Diarios en su edición del 10 de abril.

    Entre las personas que están en nuestra ciudad en ningún caso están utilizando pulseras electrónicas para monitoreo del Servicio Penitenciario Provincial.

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    Quienes fueron beneficiados hay tanto condenados con sentencia firme como otros procesados con prisión preventiva. Sobre los delitos hay desde robos, tenencia de estupefacientes y también de abuso sexual.

    Vale recordar que estas personas cumplirán este arresto en sus viviendas y luego deberán volver a la unidad carcelaria. Habrá que esperar hasta que pase la pandemia para ver si esto se cumple o quien lo hace cumplir.

    El seguimiento de estas personas en nuestro distrito el juez que ha procedido a  la morigeración de la pena y el Patronato de Liberados que posee su sede en el Centro Cívico y que desde hace años a viene llevando adelante esa labor.

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    Fiscalía

    Analia Duarte, fiscal general del Departamento Judicial de nuestra ciudad, ante la consulta de Ecos Diarios, se refirió a esta situación y explicó que “el ministerio público fiscal está controlando muy de cerca que tipo de libertadas se buscan obtener. En todas aquellas personas que están procesadas  o condenadas por delitos  muy graves o graves, solamente estamos  aceptando libertades en caso de personas  mayores de 70 años o que tengan alguna patología de base que haga peligrar su vida”.

    También explicó que “después estamos recurriendo, apelando,  todas las  demás libertades que se otorguen, en algunos casos hemos obtenido la conformidad para mantener en prisión a determinados imputados” y agregó que “en los delitos  graves no estamos respetando conformidad y estamos apelando las decisiones”.

    “El Ministerio  Público Fiscal está cumpliendo su rol”, dejó en claro y agregó que “de esta forma la defensa está cumpliendo su rol tratando de obtener las libertades y nosotros evaluando todos los casos  y preservando los derechos de los imputados y fundamentalmente  de los de la sociedad y la víctima, que poco ha sido escuchada”.

     

    Los pasos de una decisión polémica

    El beneficio

    El Tribunal de Casación de Buenos Aires ordenó el pasado miércoles 22 de abril que los jueces ejecuten de «manera inmediata» el beneficio de arresto domiciliario a los detenidos que integran el grupo de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. Casación respondió al reclamo de los defensores oficiales, quienes denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplen con el fallo que el 8 de abril ordenó esa medida para los detenidos mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes.

     

    Solicitudes

    Los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales

    “El Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad” señaló el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

     

    Sin pulseras

    Sergio Berni, ministro de seguridad bonaerense dijo que “No hay cantidad suficiente de pulseras electrónicas en la provincia para todos los que creen que van a liberar”.

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