Por falta de control del Estado
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Esta semana que pasó, se dio a conocer que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) dio de baja en forma paulatina, en los últimos meses, 3.000 tarifas sociales en Necochea y Quequén debido a que estos usuarios no cumplían con los requisitos exigidos para recibir el beneficio.
La tarifa social fue concebida para que los usuarios en situación de mayor vulnerabilidad pague un precio más bajo por los servicios públicos, entre ellos el de electricidad. Sin embargo, no todos los que contaban con el beneficio estaban en condiciones de recibirlo sino que un alto porcentaje –que ahora fue dado de baja- tenía recursos para pagar la tarifa normal y, pese a esto, hacían uso de la social.
Se descubrieron a partir de un estricto control que está realizando Oceba sobre cada uno de los usuarios que tiene el beneficio. Durante el relevamiento, se pudo ver que varios eran propietarios de más de un inmueble, que tenían autos con una antigüedad menor a 10 años o que tenían ingresos superiores a dos salarios mínimos vital y móvil, entre otros motivos.
En su momento, Necochea llegó a tener, de 44.000 medidores, 11.000 con tarifa social. Luego, tras un primer control, pasó a 10.000 y ahora –tras la baja de 3.000 tarifas sociales en total- quedó con 8.000 usuarios que cuentan con el descuento especial. De todas maneras, desde la Usina Popular Cooperativa se reconoce que es un número alto, teniendo en cuenta que es el doble del promedio histórico.
Hay que aclarar que no todos los que tenían esta tarifa especial, la habían solicitado sino que a gran parte se las habían otorgado automáticamente. Otros, en cambio, la habían tramitado pese a no cumplir los requisitos, quizás escondiendo algún dato o por desconocimiento, y se las habían adjudicado.
Lamentablemente, por falta de control por parte de los organismos del Estado, se daban estos beneficios a quienes los necesitaban pero también a quienes estaban en condiciones de pagar y se aprovechaban.
Por supuesto que hay una falta de responsabilidad individual de cada ciudadano que solicita la ayuda del Estado aún sin necesitarla pero, sobre todo, estas cosas suceden por la ausencia de control que hubo en los organismos del Estado durante muchos años de la que varias personas se aprovecharon.