Por pedido de Máximo Kirchner, se abrió una causa contra la interventora de la sucesión por los bienes de Néstor
:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2017/06/maximo.jpg)
El fiscal federal Juan Pedro Zoni abrió una causa impulsada por el diputado Máximo Kirchner contra la interventora de la sucesión por los bienes de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, designada por el juez Claudio Bonadio en la causa «Los Sauces».
Zoni decidió impulsar la denuncia que promovió Kirchner el pasado martes, cuando sostuvo que la interventora Raquel Moyano, designada el 15 de diciembre de 2016, habría incumplido los deberes inherentes a su cargo.
Kirchner acusó a Moyano de haber «tardado alrededor de tres meses en contactarse con el expediente sucesorio» y, con ello, haber ocasionado una deuda con la AFIP por 772.633 pesos.
Frente a ello, dijo Kirchner, la AFIP promovió «una ejecución fiscal contra la sucesión mencionada por la suma de 783.092,13 pesos con más los intereses resarcitorios, punitorios y costas emergentes».
«Para que se comprenda acabadamente el grado de persecución política y disparate jurídico: el Estado a través de un organismo jurisdiccional -un Juez- embarga fondos. Fondos que ingresaron a la sucesión en virtud de una relación contractual -contratos de alquiler- que genera la obligación de pagar impuestos. En este caso impuesto al valor agregado (IVA)», dijo.
Añadió Kirchner hijo que «el mismo juez interviene la sucesión, que ya estaba finalizada, y nombra una administradora para que se haga cargo de administrar los bienes de la sucesión. La administradora no paga los impuestos, no se hace cargo de la administración efectiva y nuevamente el Estado, pero esta vez, a través de la AFIP (su organismo recaudador) le inicia juicio de ejecución fiscal a la sucesión, porque no pagó los impuestos».
Frente a ello, Zoni hizo lugar a la apertura de la causa y dispuso una serie de medidas de prueba que se le formuló al juez federal Ariel Lijo.
