Preocupación de los ruralistas por el vandalismo en silobolsas
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Fueron convocados a una reunión por la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante. Pidieron más móviles policiales
Representantes de entidades agropecuarias expresaron su preocupación ante el creciente número de casos de roturas de silobolsas en establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y apreciaron la preocupación del poder político local por poner este tema en agenda.
El diálogo tuvo lugar en el marco de la reunión de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, presidida por Norma Alí; por el Departamento Ejecutivo participaron el coordinador de Políticas Públicas de Seguridad, Héctor Giglio y el subsecretario de Desarrollo Productivo, Matías Sierra y ediles de diferentes bloques.
Las entidades del campo estuvieron representadas por la Sociedad Rural, Eugenio Cardenau y Patricio Bosch; Coninagro, Juan Balsategui y Egidio Mailland y las agronomías, Matías Ferrazzini.
En su transcurso se abordaron detalles del proyecto de ordenanza presentado por el Frente de Todos, que pasó a comisión para su modificación y que propone la incorporación del artículo 89 bis al “Código contravencional” Ordenanza 0502/84, con multas de 50.000 a 200.000 pesos a los que ocasionaran daños, destrucción e inutilización en establecimientos rurales.
Patricio Bosch y Eugenio Cardenau destacaron la importancia de “poner estos temas sobre la mesa porque no son hechos criminales comunes sino que tienen una connotación ideológica”.
La principal diferencia con otros delitos es que siempre hay un beneficio directo, y en este caso no, y no solo afecta al productos, “sino a todo el país porque cerca del 60% de esa bolsa está destinada en impuestos para el Estado”, señaló Bosch.
Diálogo
Los representantes del agro consideran como positiva la voluntad de diálogo de los distintos poderes para tratar de resolver este problema y en ese sentido dijeron que “el daño que se produce es mucho mayor que la multa pero se da el mensaje que se hace lo posible para que esto no suceda en el ámbito de incumbencia”.
Cabe recordar que, recientemente el comando de Patrulla Rural dejó de pertenecer a la superintendencia de delitos rurales y pasó a depender de la Jefatura Departamental. Los ruralistas expusieron la necesidad de una mayor disponibilidad de móviles y recursos para atender ese vasto sector que, al igual que el resto de la comunidad, es sacudido por la inseguridad.
En ese sentido Cardenau comentó que “temíamos que los pocos medios que dispone la dependencia pasen a la ciudad; los ruralistas hemos aportado voluntariamente para cubrir las necesidades de la patrulla”.
Entre los delitos más comunes en los campos se encuentra el robo de ganado y el Ejecutivo se refirió a la coordinación de trabajos de control urbano, tránsito, bromatología y operativos en conjunto con la Policía.
Frecuentemente, se sustraen agroquímicos o herramientas de galpones, también se han registrado daños en maquinarias y la presencia de un creciente el número de “galgueros” que ingresan a los campos a cazar, ocasionando daños entre la hacienda que se espanta y se sospecha que los presuntos cazadores hacen inteligencia previa al robo.
Si bien en nuestro partido no se ha registrado roturas de silobolsas, recientemente hubo un caso en Lobería y son más de 120 entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es de esperar que no suceda porque ocasiona pérdidas muy grandes, a veces en granos y otras en pastos almacenados para alimentar a los animales durante el invierno.
No se habló de la contribución solidaria
Durante la reunión con los productores agropecuarios, llamativamente no se habló del proyecto que existe para crear una contribución solidaria de salud que afectaría directamente a los rubros de acopios, acondicionamiento, venta de cereales, semillas, fertilizantes, almacenamiento y depósito en silos. La concejal Felicitas Cabretón, autora del proyecto, podría haber aprovechado la oportunidad para explicarle al sector de qué se trata la medida.
Según consta en el expediente, consistiría en el cobro de una contribución solidaria por un importe equivalente al 80% de la liquidación por Tasa de Seguridad e Higiene a los contribuyentes de los rubros mencionados. El 100% de la recaudación percibida sería para el Fondo de Emergencia Pública Municipal de Salud. El periodo establecido para el cobro sería entre el 1° de abril y 31 de julio, que además sería retroactivo.