Presupuesto: intendentes pujan por recursos y piden patear Responsabilidad Fiscal
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En la recta final del debate por el Presupuesto 2018, intendentes bonaerenses buscan introducir cambios en el reparto de fondos y piden postergar el debate por la Ley de Responsabilidad Fiscal para sus municipios, como condición para acompañar el proyecto del Ejecutivo.
Resignados a la disolución del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que este año repartió 8.500 millones de pesos, los jefes comunales se concentran en perder la menor cantidad de recursos posibles. En este punto, el nudo central de las negociaciones está en el Fondo Educativo, a través del cual la Provincia reparte los recursos que gira Nación en virtud del cumplimiento de la ley 26.075.
Respecto de la ejecución actual, el Ejecutivo introdujo una serie de cambios que levantaron las quejas de los jefes comunales, sin distinción partidaria. En primer lugar, se modificó el reparto, pasando de una distribución similar a la de la Coparticipación por otra que tiene en cuenta la matrícula, cantidad de establecimientos y otras variables similares.
Por otro lado, se afectó el 85% de los recursos a infraestructura escolar de establecimientos que, en rigor, dependen de la Provincia. Hasta ahora, los intendentes tenían vía libre para disponer de los fondos, siempre y cuando los destinen a actividades educativas. Con ello solventaban becas y sostenían centros universitarios, entre otras cosas.
Frente a este panorama, los jefes comunales buscarán volver a “foja cero” y recuperar el sistema utilizado hasta ahora.
Pero ese no será el único cambio que impulsarán: intendentes propios y ajenos se manifestaron preocupados por la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, que Cambiemos pretende tratar junto con el Presupuesto y la Ley Impositiva 2018.
Los jefes comunales sostienen que en la situación actual de la mayoría de las comunas les será imposible cumplir con las metas de reducción del déficit, y también cuestionan el virtual congelamiento de la planta de personal, al sostener que, al tomar cada vez mayores atribuciones (como la educación o la seguridad), se ven obligados a contratar más empleados.
Y si bien la adhesión a la ley es optativa (premisa básica para evitar que sea cuestionada por lesionar la autonomía municipal), consideran que se impulsa un “castigo” para quienes no lo hagan, puesto que la Provincia no autorizaría tomas de deuda ni ayudaría a las comunas en aprietos financieros.
En este punto, los jefes comunales quieren postergar el debate para 2018, con el objetivo de analizar más a fondo al proyecto y llegar a puntos de consenso. Con todo, la decisión quedará atada a la negociación del Presupuesto.
