Prioridades en el debate de la seguridad
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En la semana, dos noticias policiales informaban sobre allanamientos en desarmaderos y sitios vinculados al delito de robo de autos, adulteración, corte y desguace. Otra vez se presenta a la luz del día la existencia de un mercado ilegal que funciona y se nutre de las mercaderías robadas y que se maneja, como el legal, según la oferta y la demanda.
Otra vez hablamos de la falta de seguridad, de lo inseguras que algunas personas se sienten frente a otras que atentan especialmente contra sus bienes pero también contra su integridad física y emocional cada vez que deben pasar por la desagradable situación del robo o el asalto.
Lo decíamos hace poco más de un mes en esta misma columna, “la realidad indica que no bastan más patrulleros ni policías en la calle para garantizar que exista mayor seguridad entre los ciudadanos. La dinámica del accionar delictivo obliga a desarrollar otras estrategias por
parte de las autoridades políticas y las propias policiales. El delito va mutando y esto debe ser una preocupación general para los responsables de brindar un servicio tan cuestionado en los últimos años”.
El delitos cambia sin embargo las acciones que se emprenden para hacerle frente son las mismas y las causas, múltiples, a pocos parecieran importarle porque están más ocupados en asistir a las consecuencias, siempre atrás del hecho sin demostrar mínima intención de preguntarse por qué en la ciudad ocurren ciertos sucesos.
Es una obviedad pero es necesario repetirlo: si se roban autos es porque alguien compra sus partes desguazadas, si se roban televisores, celulares o ropa es porque luego alguien los adquiere; es decir que lo robado luego es vuelto a un mercado paralelo que ofrece y demanda distintos productos.
Los que roban, en su mayoría jóvenes, son la cara más visible de este sistema, pero hay otras personas que luego son las que se encargan de devolver lo hurtado al mercado y también las que encubren y sostienen el sistema adquiriendo un celular o una parte de un auto a un precio muy bajo comparado con el valor que el mismo artículo tiene en el circuito legal.
En general, los argumentos que se escuchan, aquí y en cualquier parte del país, plantean a la inseguridad como un problema que se resolvería en el marco de la legislación (aumento de penas) o la prevención (generalmente policial). Pero en ambos casos casi nunca aparece una explicación sobre el origen del delito, del robo.
Tal vez ambas posiciones cuenten con argumentos y razones para sostener sus posiciones pero, en el debate hacia la búsqueda de soluciones, falta analizar por qué hay personas, muchas de ellas niños y jóvenes, que se exponen y arriesgan sus vidas al cometer un robo.
La consabida existencia de un circuito comercial paralelo, y su necesidad de cortar con su perverso funcionamiento, no puede desestimarse por parte de las autoridades al momento de diseñar políticas y acciones para hacer frente a la inseguridad.
Pero también hay aspectos no económicos que deberíamos considerar a la hora de analizar el tema . Por ejemplo el de las creencias y las expectativas de vida. “No hay nadie más peligroso que el que no espera nada”, escuché decirle a una jueza de ejecución penal, de esas que están más en la cárcel recorriendo pabellones que en los despachos judiciales.
En lo referente a las expectativas de vida, un reciente estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), muestra que la demanda de bienes de consumo como electrodomésticos, celulares y automotores creció fuertemente en la región y que su adquisición suele experimentarse como la vía principal de integración social, mientras que no poseerlos se percibe como una forma de exclusión.
La creencia de ser excluido influye sobre las expectativas y también sobre el comportamiento. Hoy al peguntarle a muchos adolescentes que viven en la marginalidad, y algunos de ellos ya en conflicto con la ley penal, cómo ven su vida en los próximos años no sorprende que la respuesta sea “en la cárcel” y todos sabemos que hay otra posibilidad más trágica aún que es la de la muerte. ¿Qué pensamos acaso cuando vimos en televisión a El Polaquito?
Esto podría, tal vez, explicar por qué el delito es la opción para algunos: la vida es hoy. La posibilidad de pensar o imaginar un mañana distinto para muchos jóvenes carece de sentido.
Explicar la formación de las expectativas importa. La exhibición en redes sociales o en la televisión del acceso a bienes de otros llega a quienes no pueden. Lo que sigue es una percepción insoportable de privación que a la larga conduce a la baja autoestima, al resentimiento, al debilitamiento de los lazos sociales, último dique de contención del delito. La opción que se deriva es delinquir. Sin otros caminos a expectativas que sean creíbles, lo racional, lo único posible, es ser ladrón para satisfacer un vacío que solo podría llenar el consumo de bienes. Trabajar sobre la desigualdad de oportunidades que hoy viven cantidades inmorales de niños y jóvenes es la urgencia para un Estado que a nuestro criterio no ha estado ausente sino absolutamente ineficiente.
El municipio tiene una gran responsabilidad en la construcción de este enfoque, dado que tiene un contacto directo y privilegiado con los ciudadanos, con los distintos barrios y las diferentes entidades intermedias que funcionan en cada zona que debe ser aprovechado y gestionado para construir una relación de confianza y cooperación destinada a trabajar y promover una cultura de la prevención del delito a partir de políticas públicas destinadas a combatir la desigualdad pero no solo en el acceso a bienes de consumo, sino también en el acceso a derechos básicos como una vivienda, educación, salud, deporte, cultura.
Nuestro país tiene el 32% de su población sumergida en la miseria, el 44% de ese total es menor de edad. Se trata de niños y adolescentes que no pueden tener una vida digna en el corto plazo, pero que probablemente tampoco la tengan en el largo plazo si no se empieza a pensar en soluciones estructurales.
Muchos de esos niños y adolescentes pobres conviven todos los días con la violencia, la droga y la delincuencia, en nuestra ciudad también. Crecen en tierra de nadie, sin ley, sin derechos y sin oportunidades. Las soluciones no pueden ser pasajeras o transitorias, ya sabemos que eso no sirvió, es urgente atacar el problema de fondo, y el problema de fondo exige redefinir prioridades, también cuando hablamos de Seguridad. Sólo así se avanzará en políticas públicas que ofrezcan un futuro de genuinas oportunidades, futuro que también repercutirá positivamente en el de nuestra comunidad.///
Por María D. González – Redacción
