Productores bonaerenses, entre los que más porcentaje de renta derivan al Estado
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Un productor de la provincia de Buenos Aires «entrega» al Estado $ 59 de cada $ 100 de renta que produce, un número que para la soja asciende a $ 70.
Los números corresponden al mes de junio de este año, y fueron elaborados por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Según el informe, Buenos Aires se ubica en el segundo lugar del ranking que mide el peso impositivo de cada jurisdicción de la zona núcleo productivo, solo apenas por debajo de Santa Fe.
El índice es elaborado trimestralmente teniendo en cuenta los rindes promedio de los últimos 3 años, y los costos de producción de labores e insumos necesarios en cada región. Una vez obtenido ese resultado, se descuentan los impuestos nacionales, provinciales y municipales para determinar cuánto de ganancia se queda el productor, y cuánto debe tributar al Estado.
Siguiendo esta lógica, el índice para la provincia de Buenos Aires fue del 59,1% en junio de 2018. Si bien el número puede resultar alto, conviene una aclaración: para FADA, en junio de 2015 ese valor llegaba al 93,5%, el máximo desde que se inició el registro, en 2007.
De acuerdo al informe, la mayor parte del peso impositivo recae en el Gobierno nacional, entre retenciones, Impuesto a las Ganancias e IVA. Los tributos provinciales, en relación, son apenas el 10% de aquellos, mientras que los municipales son todavía más bajos.
En números concretos, tal como publicó hoy el diario Extra que edita agencia DIB, FADA estimó que trabajar una hectárea promedio en la provincia de Buenos Aires implica costos por $ 10.000. En tanto, por impuestos nacionales un productor debería desembolsar $ 6.700, mientras que la Provincia recaudaría $ 706 y los municipios, $ 124.
La mayor parte de los impuestos provinciales están relacionados con el inmobiliario e Ingresos Brutos. Los municipales son en concepto de tasa vial, y si bien para el informe se trazó un promedio, se destaca que existen «las más diversas formas de cálculo y los más diversos valores», dependiendo de cada distrito.
Por cultivos
Claro que cada cultivo tiene su propia estructura, que depende del régimen impositivo que tenga y de sus costos de producción: por la soja, el Estado se queda con el 70,4% del ingreso del productor, mientras que para el caso del maíz, el trigo y el girasol, beneficiados con la eliminación de las retenciones, la estructura impositiva ronda el 45%.
No obstante, el indicador de junio es inferior al 64,1% registrado en marzo de 2018, y sustancialmente menor que el 74,7% de junio de 2017. Según destaca FADA, este resultado es producto de la suba de precios, el incremento del dólar, la menor participación de la soja en el área sembrada y la baja de los derechos de exportación. El efecto de la sequía, en tanto, empeora las condiciones para el productor, puesto que recorta utilidades y hace más oneroso el peso de los insumos.
David Miazzo, Economista Jefe de FADA, explicó que «los cultivos de verano de esta campaña sufrieron una grave sequía durante la etapa crítica de crecimiento y altas temperaturas y humedad hacia los momentos previos a la cosecha. Estos eventos climáticos provocaron caídas de rindes y pérdidas de producción que han generado efectos negativos sobre el productor agropecuario, pero también sobre las economías del interior y la macroeconomía del país».
«Las pérdidas conjuntas de maíz y soja, totalizan las 26,2 millones de toneladas de granos, equivalentes a 935 mil viajes de camión menos y US$ 8.283 millones», señaló Miazzo.
Saldo positivo
En relación a los precios, el informe destaca el incremento de los valores en el mercado internacional y local, que para el caso de la soja fue del 10%, con un impacto del 15% en el mercado interno debido a la baja de las retenciones.
En tanto, el incremento del dólar mejoró la performance de los productores, ya que incrementó sus ingresos por encima del aumento de los costos a partir de la inflación. «La devaluación del peso con respecto al dólar genera que se amplíe el valor de la producción, y eso hace bajar la participación del Estado en la renta agrícola», destaca el artículo.
Los costos totales, por otro lado, se han incrementado un 13,8% con respecto a marzo, con mayor impacto de los labores y fletes, que fueron afectados por los incrementos de los costos de los combustibles. También hubo una incidencia de la devaluación en el precio de los insumos, ya que más de la mitad de los que se usan para la producción de maíz y soja se encuentran dolarizados.
