Proponen la Ley Marisa para casos de violencia de género
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La feroz agresión que sufrió la víctima en el barrio 9 de Julio desnudó el desconocimiento de los agentes del Estado en cuanto a ésta problemática y se hace necesario una capacitación obligatoria
En el transcurso del debate oral en el que se juzgó el accionar del expolicía Rubén Abel Ortega, quedó al desnudo la inoperancia de algunos agentes del Estado que intervinieron en este caso de violencia de género.
Marisa Astudillo pidió auxilio y denunció a su esposo por constantes maltratos físicos y verbales, humillaciones, etcétera, y quienes debían protegerla en su momento no actuaron de manera preventiva.
Ante semejante indefensión que se ventiló durante el desarrollo del juicio por jurado que terminó con la dura condena a 24 años de prisión para el único acusado, la jueza Mariana Giménez en su fallo propuso que a nivel provincial se adhiera a una ley contra la violencia de género.
Llevaría el nombre de “Ley Marisa”, en vista a lo ocurrido en Necochea con esta mujer que fue atacada a balazos por quien era su esposo y en ese momento un servidor público que utilizó el arma reglamentaria que le otorgó el Estado bonaerense para defender a las personas.
Además, al momento de la feroz agresión, el imputado de “tentativa de femicidio agravada” llevaba puesto el uniforme de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ya que hacía minutos había dejado su función en la Jefatura Departamental de nuestra ciudad.
Denuncias de la víctima
Según se supo a lo largo de todo el debate oral en la sala del Tribunal Criminal Nº 1, la víctima denunció ciclos de violencia de género de parte del hombre que fue condenado a 24 años de cárcel.
La mujer realizó las exposiciones previas a lo que fue el desenlace casi fatal (de milagro, Marisa no falleció, lo dijeron los propios médicos que la salvaron) en la vivienda de calle 102 bis al 3900, del barrio 9 de Julio.
En la resolución de la jueza Giménez, se deja en evidencia “el desconocimiento de esta problemática tan trascendental y la necesidad de capacitación obligatoria en género de todas las personas que integran los poderes del Estado, en línea con la reciente Ley 27.499 (Micaela), que en su artículo 10º invita a las provincias argentinas a adherir”.
La “Ley Marisa”
En virtud de lo sucedido en nuestra ciudad con este caso que conmovió a la sociedad, la jueza que coordinó el jurado popular que declaró “culpable” a Ortega, propuso que la ley provincial debería llevar el nombre de Marisa.
En el juicio al expolicía, la propia Marisa Astudillo relató que en una oportunidad, su esposo la “encerró” en su oficina de la Departamental de Necochea y a través de una computadora, le hizo escuchar grabaciones de conversaciones de la mujer en su lugar de trabajo.
La manipulación y el excesivo control del hombre hacia la mujer quedaron de manifiesto en esa ocasión.
Asimismo, quedó en evidencia que tampoco ni el jefe Departamental o el segundo, se enteraron que Ortega denunciado por violencia de género mantenía recluida a su esposa en un ámbito oficial e institucional que debe estar al servicio de la comunidad.
“Hola, por favor, mi marido es policía y me quiere matar”
Fue el mensaje de Marisa Astudillo al operador del 911
“Me quiere matar, me está ahorcando, es policía y está armado…”, fueron algunas de las palabras que utilizó Marisa Astudillo la mañana del 21 de abril de 2017 para pedir socorro al servicio de emergencias 911.
Del otro lado de la línea, el operador le preguntaba por su nombre: “Marisa me llamo, Marisa, me quiere matar…”, respondía en forma desesperada la mujer que temía lo peor en ese momento fatídico y hasta con la presencia de una vecina del barrio.
Entre preguntas protocolares y respuestas de la víctima que presentía lo que podía ocurrirle, transcurrieron preciosos minutos que de haberse aprovechado, tal vez, se podría haber evitado tan feroz agresión.
En un primer llamado que hizo la mujer al 911 y con la llegada rápida de los efectivos del Comando de Patrullas o de la Policía Local, que en ese momento funcionaba una base operativa en el propio barrio 9 de Julio, posiblemente, se hubiese evitado el ataque a balazos.
Lo mismo cuando Marisa denunció por violencia a Ortega y la Justicia dispuso una medida de restricción de acercamiento, pero en una oportunidad, oficiales de la Comisaría de la Mujer y la Familia lo vieron al acusado de la mano con su esposa y no lo demoraron.
O cuando Ortega se apareció en el lugar de trabajo de Marisa con “la morocha” (su arma reglamentaria) y le dijo “a ver quién me llevo puesto…” Luego llegaron agentes policiales y dejaron que su colega se retire como si nada hubiera pasado. ////
