Reafirmando la posición de los ambientalistas
Hemos recibido de María Susana Laborde, con pedido de “derecho a réplica”, la nota que se transcribe a continuación con relación al comentario firmado por Miguel Abálsamo en la edición de “Ecos Diarios” del pasado domingo 8: “La intención de esta nota es aclarar los dicho en la nota “La intransigencia de los ambientalistas” donde encontré hechos tergiversados y falsedades que intento aclarar.
En las últimas décadas, en todo el mundo han surgido movimientos ambientales para oponerse a las actividades extra activistas que generan impactos irreversibles en el ambiente y en las comunidades locales. Se ha llamado antropoceno o capitaloceno a esta era por la transformación cualitativa en los ambientes y seres vivos (presencia de plásticos, extinción de especies y los efectos en las personas por catástrofes ambientales y enfermedades generadas por los modelos productivos dominantes).
Esas actividades extra activistas, agricultura en base a venenos, megaminería, explotación hidrocarburífera por fracking, off shore etc., más las actividades que generan erosión de costas y contaminación de ríos y mares, algunas ligadas estrechamente al turismo, generan grandes ganancias para unos pocos, quienes consiguen la anuencia de los gobiernos a través de acuerdos económicos o “favores” y de la protección de los medios de información.
Por ese motivo, los gobiernos consideran al ambientalismo casi como un partido opositor, porque estas acciones colectivas generan un límite a los negociados propios y con empresas amigas. En Latinoamérica y el Caribe, hubo y hay innumerables casos de muertes y persecuciones a referentes y organizaciones. Aparece por esto el Acuerdo de Escazú. Contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En Argentina entró en vigencia el 22 de abril de 2021, e incluso el municipio de Necochea le dio su apoyo en octubre del 2020 mediante la resolución 2799/20.
El municipio local, así como el poder mediático amigo, desconoce totalmente sus alcances, considerando a los ambientalistas obstáculos en sus decisiones en lugar de personas cuya opinión debe ser considerada en función del compromiso suscripto.
Es bueno recordarle a todos los repetidores y voceros del discurso oficial que la Justicia ha avalado todos los reclamos que hemos elevado, no como señal de complicidad política o afinidad a causas ambientales sino porque nos asiste el derecho y nuestro conocimiento en materia técnica, científica y jurídica en las cuestiones vinculadas con el ambiente y la gestión de los bienes públicos.
Solicitamos información y proponemos diálogo pero nunca se nos responde ni convoca para intercambiar opiniones. Creemos en la necesidad de generar ambientes positivos de encuentro entre vecinos y diálogo con las autoridades.
Cuando se intentó destruir un sector del parque Miguel Lillo para colocar las bases de una cancha de hockey, intentamos el diálogo pero el gobierno avanzó en el conflicto enviando al GAD (policía armada) a reprimirnos mientras intentaban ingresar con máquinas al espacio público. Entendiendo el problema se retiraron y nos dieron la razón al igual que la Justicia y hoy la cancha ocupa un predio municipal con usos asignados para ello dentro del polideportivo.
El parque Miguel Lillo es un espacio protegido al que seguiremos defendiendo por su carácter de bosque protector, por el rol fundamental en la filtración y contención de agua dulce y por ser reservorio de biodiversidad. Las acciones que en él se pretendan realizar deben contar con estudio de impacto ambiental completo y consiguiente audiencia pública.
No lo cumplían las canchas de tenis impulsadas por el Club Villa Díaz Vélez y por el Municipio. El Dr. Juliano mantuvo la medida cautelar dictada por el Dr. Herrera, y se excusó por la situación de alta gravedad institucional expuesta en el expediente. El Municipio, y no el club solicitaron que se levante la medida cautelar que aún está vigente.
Es tendencioso y poco veraz el relato con respecto a los productores de Villa del Deportista (son de Villa Zabala en realidad). El reclamo que hemos hecho se refiere al incumplimiento de la ordenanza 2005/91 de absoluta vigencia, donde queda claro que en el área complementaria de Necochea y Quequén (quintas y chacras) no puede realizarse agricultura extensiva (no pueden realizarse prácticas como la fumigación con mosquitos ni avioneta). Funcionarios municipales avalan estos dichos.
La legislación que protege los espacios costeros, (ley 12.257 y Dec.3202710) impone restricciones claras a las construcciones sobre las dunas y el litoral marítimo. No es un tema de paisajistas, sino de áreas provinciales que deciden hacer cumplir las leyes.
Carecemos del poder de la toma de decisiones y mucho menos del uso de los medios para que difundan nuestras acciones en forma objetiva. Somos la reacción de la sociedad a las acciones de gobiernos que van en contra del ambiente y las personas no la acción. Claramente este rol ejecutivo le corresponde al Estado que descansa para la difusión de sus objetivos en la prensa amiga.
Las colectivas ambientales en Necochea nos plantamos del mismo modo ante los distintos gobiernos municipales ya que nuestra bandera de lucha es la información científica, técnica, comprobada por evidencia y que impacta positivamente en una comunidad, pensando en efectos presentes y futuros, y no en beneficios individuales.
El ambientalismo se apoya en el amor a la vida, presente y futura, y en valores comunales. Y sí, abrazamos árboles, animales y seres humanos!”///
Fmdo.: María Susana Laborde, ambientalista. Presidenta “El parque no se vende” asociación civil.