Reforma agiliza el cobro de la cuota alimentaria en la Provincia
El tema fue analizado por el juez Fabián Loiza en una charla
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ROCÍO MAGALÍ SÁNCHEZ
PARA Ecos Diarios
En enero de este año, entró en vigencia la ley 15.513 en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales relacionados con la cuota alimentaria y evitar las demoras que afectan a niños, niñas y adolescentes. Durante una charla sobre la reforma, que se llevó a cabo en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Necochea, Fabián Loiza, juez de la Cámara Civil y Comercial, explicó los principales cambios y su impacto en la justicia.
Históricamente, el cobro de la cuota alimentaria ha sido un proceso lento y engorroso. En la mayoría de los casos, son las madres quienes llevan adelante la crianza monoparental y quienes deben iniciar los reclamos judiciales para que los padres cumplan con su obligación. Según las estadísticas, el 95% de los procesos de este tipo son iniciados por mujeres en representación de sus hijos.
Sin embargo, los tiempos judiciales, las maniobras dilatorias de los deudores y la falta de herramientas para garantizar la percepción efectiva de los alimentos han sido obstáculos recurrentes. En algunos casos, los reclamos han derivado en represalias o situaciones de violencia.
La nueva normativa introduce varios cambios destinados a hacer más eficiente el proceso. Entre ellos, se destacan:
Notificación electrónica: se permite el uso de WhatsApp, Telegram, redes sociales y otros medios digitales para notificar a los deudores, evitando excusas como "nadie me avisó" o estrategias para eludir la notificación.
Multas por incomparecencia: aquellos que no se presenten a las audiencias o no participen del proceso podrán ser sancionados económicamente.
Criterios objetivos para fijar el monto: se establece la obligación de tomar en cuenta indicadores como la canasta básica total (CBT) y la canasta crianza, que mide los costos reales de la crianza de un niño o niña de 0 a 12 años. De esta manera, se garantiza un piso mínimo para la determinación de la cuota, incluso en casos donde no se pueda comprobar con precisión los ingresos del deudor.
Durante su charla, Fabián Loiza explicó que la reforma busca evitar que la falta de pruebas sobre los ingresos del progenitor deudor perjudique a los niños y niñas. “Lo que le dice la reforma a los jueces es: fíjensela con estos elementos que son objetivos y estadísticos”, detalló.
Aplicación inmediata
La ley entró en vigencia a los ocho días de su publicación, por lo que ya se aplica en todos los juicios en curso que aún no tengan sentencia. A partir de febrero y marzo, las resoluciones judiciales deberían contemplar estos nuevos criterios.
Si bien la reforma no modifica completamente el Código Procesal, sí representa un avance en la adaptación del sistema judicial a la realidad del derecho de familia. Varias provincias, como La Pampa, Río Negro, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya cuentan con códigos procesales específicos para asuntos de familia, algo que Buenos Aires aún no ha logrado.
Loiza recordó que en el primer gobierno de Axel Kicillof se presentó un anteproyecto para reformar el código en su totalidad, pero no obtuvo consenso político. No obstante, destacó que la reciente reforma sí logró la unanimidad en ambas cámaras, lo que evidencia un acuerdo generalizado sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de cobro de la cuota alimentaria.
Un cambio con buenas intenciones
La expectativa es que estas modificaciones permitan acelerar los procesos y garantizar el derecho de los niños y niñas a una manutención adecuada. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación en la práctica y de cómo los jueces y abogados apliquen las nuevas herramientas.
La reforma representa un avance, pero aún quedan desafíos pendientes, como la creación de un Código Procesal de Familia que contemple las particularidades de los conflictos familiares y garantice una protección más efectiva para quienes dependen de estas decisiones judiciales.
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