Reformas estructurales, libertad y rentas de corto plazo
Las transformaciones de fondo requieren estar seriamente fundamentadas para concretarse
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En la actualidad, la economía global atraviesa cambios significativos como consecuencia tanto del rápido cambio tecnológico como de tensiones sociales y políticas de distinta índole. Adicionalmente, no pocos países están sujetos a reformas estructurales como consecuencia de su devenir, generalmente frustrante, o de reclamos sociales largamente postergados. En todos ellos los cambios plantean dilemas a los hacedores de políticas públicas que pueden sintetizarse en el trade off entre libertad y equidad, y las soluciones aplicadas no pocas veces caen en contradicciones o en la desmesura.
Al revisarse casos de reformas en ciernes, como el argentino, suele encontrarse por una parte la simplicidad de los razonamientos expertos en materia económica y legal, responsables del delineamiento de las reformas, y por otra la complejidad de los mecanismos de decisión en las distintas esferas en que la política y la Justicia resuelven los dilemas y contradicciones según su propio ámbito de actuación.
Participación
del Estado
Tomemos el ejemplo de la regulación de los mercados y participación del Estado en la propiedad de empresas. Como sugiere Jean Tirole, la economía brinda lecciones relevantes siendo la básica que la solución depende del caso en concreto que se tenga entre manos. Esto implica que, así como no sugiere como regla de organización que todos los mercados estén absolutamente desregulados, sino solo cuando estén garantizados los supuestos de estricta competitividad, también que el Estado intervenga en cualquier situación sólo cuando los privados no pueden lograr acuerdos que permitan la máxima eficiencia y bienestar posible, cualquiera sea la estructura o falla del mercado, como apunta Ronald Coase.
Como la mejor solución es siempre situacional, la recomendación al ejecutivo, al legislador y al juez, según el caso, debiera surgir de un análisis económico pormenorizado.
Sin embargo, en raros casos los ejecutivos han elevado proyectos de leyes o equivalentes con los estudios económicos completos que fundamentan la propuesta, sino solo la norma con una exposición de motivos, generalmente sostenida por una argumentación casual o meramente ideológica.
Esto último deriva en el otro aspecto señalado al inicio que es la complejidad que en ocasiones toma el trámite parlamentario y la recurrente intervención de la Justicia. Si todas las reformas, en especial las que se denominan estructurales, fuesen acompañadas por los estudios completos realizados en caso de que existan, el legislador podría darle un trámite rápido y pertinente, reduciendo con ello la conflictividad judicial.
Cuando esto no ocurre, además, las reformas gozarán, como lo señala la historia local, de una debilidad de origen tal que, salvo aquellas que hayan dado en la diana por mera casualidad o por la intuición de los reformadores, no sobrevivirán al paso del tiempo.
De esto se deduce que tampoco lo harán los beneficios que se esperan de ellas, lo cual tiene consecuencias muy importantes, incluso a corto plazo. Por ejemplo, si se desean atraer nuevos inversores a la economía, lo más probable es que estos tomen nota de la debilidad del marco regulatorio y, no inviertan o lo hagan buscando rentas extraordinarias y de corto plazo. De esta manera, tales reformas pueden instalar o reforzar una rent seeking society, a lo Gordon Tullock y Anne Krueger, a pesar de los motivos que las inspiraron. Tal como señalan Douglas North y Daron Acemoglu, las instituciones son clave en el desarrollo de los países, y, por lo tanto, no es de extrañar que aquellas gobernadas por este tipo de comportamiento legislativo sean cada vez más pobres y desiguales, dado que reúnen una de las condiciones de las economías extractivas, oligárquicas y decadentes.
En conclusión, cuando reina un clima reformador, las soluciones prácticas y sostenibles son el resultado de una aplicación concienzuda y de conocimiento público de las lecciones probadas que brinda la economía. En caso contrario, no podrán ponerse en marcha o, más temprano que tarde, se revertirán, acrecentando la incertidumbre y reduciendo el nivel de desarrollo.///
Juan Miguel Massot, director del Instituto de Investigación USAL
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