Reino Unido prepara medidas para que empresas reclamen daños por sanciones argentinas en Malvinas
El gobierno británico busca implementar mecanismos legales para proteger a compañías que operan en las islas ante las restricciones impuestas por la Argentina.
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El gobierno de Reino Unido ha anunciado su intención de introducir medidas para que las empresas y privados puedan reclamar daños ante las sanciones argentinas vinculadas a las actividades comerciales en las Islas Malvinas. La iniciativa surge como respuesta a las acciones del gobierno argentino contra proyectos petroleros en la región.
La información fue confirmada tras una consulta del diputado James McMurdock al Secretario de Estado de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio británico. El legislador buscaba conocer los mecanismos para supervisar el efecto de la legislación sobre las medidas argentinas que afectan la actividad comercial, especialmente en relación con el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte.
Recientemente, el presidente argentino Javier Milei anunció que se agilizarían los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659. Esta normativa establece restricciones para compañías e individuos que participen en la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas.
Desde la Cancillería argentina sostienen que el desarrollo de Sea Lion ocurre bajo una autorización unilateral británica, incumpliendo la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a no tomar decisiones que modifiquen la situación de las islas mientras persista el conflicto de soberanía.
Ante este escenario, el oficialismo británico, a través de Blair McDougall del Partido Laborista, explicó que se utilizará la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI). Según se informó, esta herramienta brindará protección adicional a las empresas británicas frente a intentos de obligarlas a cumplir con medidas aplicadas fuera de la jurisdicción argentina, otorgando fundamentos jurídicos para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de las sanciones.
