Retiraron de circulación unas 450.000 armas en todo el país
Política de desarme. Mónica Bouyssede y Adrián Marcenac conversaron con Ecos Diarios sobre los controles por el uso del armamento en la Argentina
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JUAN PABLO BORRELLI
Para Ecos Diarios
El 6 de julio de 2006, la familia Marcenac sufrió el asesinato de Alfredo, el hijo menor, que caminaba junto a dos amigos por el barrio porteño de Belgrano. Martín Ríos disparaba un rifle y terminaba con la vida “Fredy”. Desde ese momento, sus familiares se convirtieron en activos luchadores contra la libre portación de armas. Mónica Bouyssede, su madre, además coordina una Diplomatura Universitaria en Educación para la Paz y el Abordaje de la conflictividad Social en la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén de la Unicen. Adrián, su padre, forma parte de la Red Argentina para el Desarme.
Mónica Bouyssede y Adrián Marcenac conversaron con Ecos Diarios, sobre la política de control de uso de arma de fuego en nuestro país. “Hay una política de no tocar el tema de control de armas, no es sólo de esta nueva gestión de gobierno de Javier Milei, sino que viene de larga data”, dijo Marcenac.
“En el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, felizmente, tuvimos una Directora (Natasa Loizou) de Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) que tenía un pensamiento muy acorde de un país con menos armas, que la gente se pudiera desarmar, que hubiera menos violencia con el uso de armas y trabajó fuertemente en ese aspecto, acompañada por su equipo profesional y con el consenso de la Red Argentina para el Desarme”, recordó Marcenac.
Según comentó, “esa buena voluntad y esa férrea decisión de avanzar en una política de control de armas no se concedía con los aportes económicos y financieros del gobierno”.
Según comentan Bouyssede y Marcenac, el Programa de Entrega Voluntaria de Armas que estaba vigente, venció el 31 de diciembre de 2023.
Marco normativo
Desde el año 2004, existe la ley 25.938 del Registro de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados. Al respecto Marcenac dijo: “Nos permite sacar armas que estaban en depósitos judiciales. Cuando uno habla de depósito de resguardo judicial, piensa que hay caja fuerte con todas las medidas de seguridad, pero no es así. Es como si fuera un escritorio con armario y ahí se guardan las armas sin ninguna seguridad”.
“Con la puesta en vigencia de la ley se sacaron ciento cincuenta mil armas más que estaban en depósitos judiciales sin ningún resguardo”, recordó Marcenac.
En el año 2006, se sancionó Ley 26.216, Armas de Fuego, posibilitó contar con puestos móviles para la entrega voluntaria de armas. El primer puesto móvil funcionó en Necochea en el año 2007. “Con estas dos leyes se sacaron 450.000 armas de circulación. Estamos totalmente convencidos de que más de una muerte se ha evitado”.
Imposibilidad de entrega voluntaria de armas en Necochea
Al perder vigencia el Programa de Entrega Voluntaria de Armas, si alguien en Necochea quiere entregar un arma, no tiene ninguna posibilidad. El lugar más cercano es la delación de la ANMac en Mar del Plata, pero el trámite es muy engorroso.
El gobierno de Javier Milei
Respecto de la continuidad de las políticas públicas para lograr el desarme de la sociedad civil Marcenac reflexionó, “no hay una decisión de avanzar con una política clara”. Desde la Red Argentina para el Desarme solicitaron una audiencia con el nuevo director del ANMAT, Juan Pablo Allan y todavía no han tenido una respuesta.
“A mí me subleva bastante, el enojo es muy grande, en el contexto de la marca federal en defensa de la Educación Pública como algo necesario para toda la ciudadanía, la defensa de la vida y la oposición al uso libre de las armas de fuego es algo que tiene quedar bien claro para todos”, dijo Mónica Bouyssede.
La socióloga a cargo de la diplomatura para la Paz resaltó la importancia de la comunicación: “En los medios de comunicación aparecía esta voz de alarma, cuando aparecía un arma de fuego. Preguntaban si era un legítimo usuario, o hablaban del peligro de las armas de fuego. Había un cierto consenso en contra de las armas”.
“El peligro aparece cunado desde las políticas públicas, deciden no apoyar el desarme. Transitamos el sentido contrario, con el nivel de conflictividad que estamos teniendo mucha gente que recurre a la violencia para resolver sus problemas”, concluyó Bouyssede.
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