Ritondo diferenció su proyecto del de Scioli: «No busca estigmatizar motociclistas»
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El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, presentó hoy un nuevo proyecto que será enviado a la Legislatura para prevenir el accionar de los denominados «motochorros» y diferenció su iniciativa de las anteriores, promovidas por el Gobierno de Daniel Scioli, al señalar que con las «zonas de exclusión» se trata de «no estigmatizar a todos los motociclistas».
El proyecto, que fue elaborado por el diputado Matías Ranzini, de Zárate junto a su par de Cambiemos, Carolina Píparo, busca que los intendentes, de acuerdo a las realidades de cada municipio, determinen «zonas geográficas y horarias de exclusión» en las que no se pueda circular con acompañante o en la que deban tener la identificación en el casco o en el chaleco.
«No se trata de estigmatizar a todos sino saber qué zonas geográficas son las más peligrosas», dijo Ritondo al ser consultado por la similitud con las iniciativas llevadas adelante por su antecesor Alejandro Granados, que según consignó, planteaba medidas «uniformes» para todos los que transitaban en motos.
«Nos permite concentrar los esfuerzos en el lugar donde se producen los hechos. Es una tarea predictiva. No podemos prohibir que la gente circule en moto ni parar a todas las motos», respondió ante una consulta de DIB. Y sostuvo que el objetivo es «atenuar este delito», que admitió «no va a desaparecer», pero sostuvo que la iniciativa «amplía la cantidad de herramientas».
El legislador que ideó el proyecto también planteó las diferencias con los mecanismos anteriores, y ejemplificó: «Nosotros pensamos que la provincia tiene una particularidad muy grande con casi 18 millones de habitantes: no es lo mismo lo que pasa a la 1 de la tarde en la zona bancaria de Ramos Mejía o Ciudadela, donde puede haber una tasa muy alta de delito; que en la zona bancaria de General Guido o Coronel Pringles».
Una vez sancionada la ley, los intendentes tendrán 45 días para establecer las zonas de exclusión horaria y geográfica y presentarlas al ministerio de Seguridad. «Queremos generar el consenso porque la aplicación es complicada, y tiene que ser muy efectiva. Vamos a hablar con todos los intendentes y con todos los partidos políticos», reconoció Ranzini.
La iniciativa prevé un fuerte trabajo con los jefes comunales de todos los colores políticos: «No creo que ningún intendente especule con la inseguridad», consideró Ritondo. Y en ese sentido, dijo que ayer estuvo reunido con el secretario de Seguridad de Verónica Magario, intendenta de La Matanza.
El ministro de Seguridad sostuvo que la legislación busca adecuarse al Decreto 171/2017 del Estado nacional, y tener una igualdad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la proximidad que existe con algunos municipios del Conurbano.
Asimismo, dijo que para acentuar el control «se pedirá a las estaciones de servicio que no carguen combustible a todos aquellos que no usen los chalecos o las identificaciones» en las zonas determinadas.
Por último, planteó que la ley también permite a los intendentes resolver qué hacer con las motos secuestradas en procedimientos luego de seis meses. «Podrán decidir si compactar o donar», señaló tras recordar que desde el inicio de su gestión 250 mil motos fueron secuestradas en la provincia, 22 mil de las cuales estuvieron vinculadas al delito.
