Se define la penalidad de las causas iniciadas en Necochea por violación del aislamiento
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El Juzgado Federal inició 5.500 expedientes por hechos ocurridos de la parte más estricta de la cuarentena
En el Juzgado Federal de Necochea se han iniciado un total de 5.500 causas penales por violación del Decreto presidencial 297/2020, que el 19 de marzo del año pasado impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.
Es importante remarcar en este punto que el Juzgado Federal de nuestra ciudad también tiene competencia territorial sobre los partidos de Adolfo Gonzáles Chaves, Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos, por lo que el número de causas iniciadas también incluyen a todas estas localidades y a los pueblos del interior.
Por otro lado, también es importante remarcar que solo en el caso de los hechos más graves se ha llegado a abrir un expediente en el Juzgado Federal, dado que en otros casos la misma Policía o el mismo personal de Tránsito han intervenido secuestrando vehículos, documentación o tomando las medidas que consideren pertinentes dependiendo cada caso.
¿Prisión o multa?
“A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en el en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio”, decía el DNU que dio inicio a la cuarentena y, junto con ella, a la aplicación las sanciones previstas por el artículo 205 del Código Penal, que indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Sin embargo, por estos días se está buscando dar resolución a las causas iniciadas durante los meses de cuarentena más estricta, ya que alrededor de 4.000 de las 5.500 pertenecen a esos primeros meses. En este trabajo que se realiza para resolver la pena de las personas que fueron denunciadas penalmente en el Juzgado Federal, se están evaluando para la mayoría de los expedientes la “Probation” o suspensión del juicio a prueba.
Este tipo de resolución contribuye a una respuesta más humana en la justicia penal, ya que tiende a evitar las consecuencias negativas del encarcelamiento como así también, desde un punto de vista práctico, impedir que se llegue la sentencia en procesos de poca importancia en política criminal, ahorrando recursos materiales y humanos, con la gran ventaja de que se producen importantes reducciones de costos al Estado.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal también evalúa resolver que las personas implicadas en el expediente paguen una multa, que vaya destinada a fortalecer el sistema de salud municipal, provincial o nacional. Esto está en plena etapa definitoria en estos días, por lo que pronto habrá resoluciones.
“Aplicar la normativa no ha sido fácil porque había un desconocimiento y un rechazo a la norma. No fue sencillo hacerle entender a la gente que esto había que cumplirlo a rajatabla porque había muchísimas conductas que no eran delictivas pero que no estaban permitidas”, explicó una fuente de la Justicia consultada por Ecos Diarios.///
