Sin sede propia, la Justicia debe gastar $10.000.000 en alquileres

Se rentan 14 inmuebles y resulta dificultoso el mantenimiento de varios de ellos, por los escasos presupuestos. Tres edificaciones propias

 

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Desde su inauguración, en 1988, el Departamento Judicial de Necochea solo ha podido contar con tres edificios propios y en la actualidad se alquilan 14 inmuebles, que demandan una inversión mensual de unos $800.000 y por ende $9.600.000 anuales.

La estructura no contempla a las dependencias del Ministerio Público (fiscalías, asesorías y defensorías), que multiplican la suma que debe desembolsar la Provincia para el desenvolvimiento de la Justicia en nuestra jurisdicción que también comprende a Lobería y San Cayetano.

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La Suprema Corte provincial es la administradora de un sistema que, por ahora vanamente, reclama como autárquico en cuanto al manejo de fondos.

Un total de 25 dependencias, entre las de Corte, juzgados civiles, de Trabajo y de Familia (en el pasado mes de noviembre se puso en funciones el Nº 2), se distribuyen en esos 14 edificios, cuyas superficies están completas.

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Presupuestos escasos

Juan Agrelo es el delegado de Arquitectura del departamento judicial, y por ende conoce al dedillo lo que acontece en cuanto al estado de los inmuebles, la mayoría ex hoteles con varias décadas de antigüedad y por ende reclamando constantes arreglos por el deterioro que exhiben. “Debido a las emergencias económicas los presupuestos anuales resultan insuficientes…” menciona, aunque revela que “este año parece que habrá un mayor flujo de dinero disponible”.

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Ante esta realidad solo se hacen las intervenciones para subsanar urgencias. En tanto para este año hay proyectada una inversión de $16.000.000, aunque es probable que no se cumplimente en su totalidad.

En el medio no hay que olvidar la inflación, que desestabiliza cada emprendimiento. A modo de ejemplo, debido a la pandemia de Covid se tuvieron que adecuar las mesas de entrada de cada repartición de acuerdo a los protocolos. Reformas que inicialmente tenían un costo de $10.000 el metro cuadrado, para luego trepar a $25.000.

Producto de la pandemia, que insta a que las personas mayores de 60 años que padezcan enfermedades preexistentes no trabajen, el área de Arquitectura del departamento judicial local se ha quedado con dos de sus cinco agentes.

En tanto, en contrapartida a los presupuestos exiguos, se dio cuenta que el pago de los alquileres se encuentra al día.

Entre los trabajos próximos se contempla el arreglo y pintado del edificio del Juzgado de Garantías Nº 2 (en 6 y 87, ex hotel “Argentino”), precisamente el inmueble que más mantenimiento demanda por su antigüedad y la constante circulación de mucha gente por el tipo de dependencias que comprende, a la vez que en todos los edificios se harán los habituales controles de los sistemas de calefacción previos a cada invierno.

A su vez entre las mejoras de mayor envergadura, desde hace años se mantiene el pedido para construir una salida de emergencia y un nuevo ordenamiento para la mesa de entradas en el Tribunal de Trabajo (en 60 y 63), edificio éste que es propiedad de la Corte, junto a los del Juzgado de Paz de Lobería y de San Cayetano, respectivamente.

 

Proyecto postergado 

Al observar tamaño gasto anual de fondos que debe generar el Estado provincial, obviamente con el aporte de los contribuyentes, no pocos recuerdan el ambicioso proyecto del edificio judicial, que se emplazaría en terrenos contiguos a la vieja estación de trenes y de cara a la avenida 58.

Se cuenta con los planos y demás para la concreción, en etapas, de un complejo que cobije a todas las dependencias judiciales de la ciudad. Y hasta se habló de un fondo de dinero que existía desde la gobernación de Daniel Scioli para su construcción y que vaya a saber qué rumbo tomó.

De esto sólo se licitó la construcción del Archivo, que integraba la primera etapa del proyecto, y que no contó con oferentes al tener un presupuesto muy bajo.

Lo cierto es que el ambicioso proyecto, que terminaría con el gasto de alquileres, ha quedado encajonado en alguna dependencia de la Justicia o gobierno bonaerense. Y es probable que nunca se haga realidad.

 

Falta de presión

Quienes forman parte del esquema judicial creen que, a diferencia de otras ciudades, en Necochea no se ha gestionado o presionado políticamente ante la Provincia para que se concrete el proyecto de lo que muchos denominaban “ciudad judicial”.

En su momento la actual conducción del Colegio de Abogados movió las piezas en ese sentido. Sin embargo se entiende que también debería haber un acompañamiento por parte del de Magistrados y del Ejecutivo municipal, que claramente no ha existido.

Mientras tanto, lo de los alquileres de la Justicia, que se repite en la mayoría de los 20 departamentos judiciales de la Provincia, forma parte de un Estado sobredimensionado y sin vistas de solución.///