¿Sólo torpeza?

«Los populismos del tercer mundo, una caricatura de los totalitarismos, fueron  semi totalitarios escondidos en un marco democrático. El parlamento siguió funcionando  pero subordinado al poder ejecutivo, y la prensa fue sometida a todo tipo de presiones».

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Juan José Sebreli

 

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Tras la oscura niebla generada por la pandemia, agravada por cien días de inédito confinamiento, dispuesto en un país que entró en ese complicado escenario arrastrando la generalizada crisis que lo golpea desde hace, al menos, nueve años, el Poder Ejecutivo está modificando violentamente el marco institucional y el tejido socio-económico, ambos bien endebles por cierto, en que vivimos. Si en el mundo entero la cuarentena se ha convertido en el experimento de control social más grave de la historia, aquí adquiere características alucinantes.

Apoyado en un comité de «expertos» -que no pueden tener experiencia alguna por tratarse de un nuevo virus, como lo demuestran las muchas diferencias de opinión sobre las medidas preventivas y sobre los tratamientos aplicables en cada país- el Gobierno optó por una medida que producirá más enfermedades y muertes que las que se han evitado pues está destruyendo, en muchos casos en forma terminal, a miles y miles de empresas, las mismas que resultarán imprescindibles en la post-pandemia para una sociedad pauperizada. Mientras otros países tratan de evitar que los emprendedores colapsen con un apoyo monumental y quita de impuestos, en la Argentina se les impide trabajar y producir, y se persigue -hasta con actos de vandalismo- al único sector capaz de generar las esenciales divisas.

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El Gobierno utiliza el ya injustificable encierro para intentar aplanar otra curva, la de la grave inflación y la consecuente corrida al dólar, fundada precisamente en la inexistencia de moneda, que se acentuará por la brutal emisión actual, que parece no tener límite.

La curiosa gestión del ministro Martín Guzmán en la refinanciación de la deuda externa, que ya nos ha costado unos US$ 10.000 millones adicionales desde diciembre, parece destinada al fracaso. Podría achacarse a una mera torpeza de un profesor nada habituado a negociar con los grandes fondos de inversión pero, en realidad, se debe a la ideologización que le ha impuesto su maestro, Joseph Stiglitz, que pretende transformar nuestro problema en un leading case para futuras conversaciones entre países deudores y fondos acreedores.

El caso Vicentín es otra muestra de esa situación: el Presidente cometió un grave error de derecho al firmar el decreto de intervención transitoria y anunciar el envío de un proyecto de expropiación al honorable aguantadero, y eso quizás podría achacarse a la notable y general impericia que exhibe el gabinete de «científicos, no de CEO’s» (sic) de Alberto Fernández, pero también en este tema la realidad es otra: obedeció a la decisión de Cristina Fernández de hacerse de una participación en el mercado granario pero, sobre todo, a su ansia de venganza por el grueso sopapo que le propinó el campo, a través de Julio Cobos, en 2008.

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El efecto seguramente no deseado fue que la empresa -cuya existencia era ignorada por la enorme mayoría de la ciudadanía hasta el día anterior al desaguisado presidencial- se convirtió en bandera en la reciente y multitudinaria protesta contra la prepotencia kirchnerista. Eso quizás, sólo quizás, evite otro zarpazo sobre SanCor, que tiene tantos o más problemas.

Pero todo ello empalidece frente a la actitud del Ejecutivo de violentar la Constitución y las leyes. El miércoles se dio un caso paradigmático en el Senado, cuando la Vicepresidenta que, como tal, ejerce la presidencia del cuerpo, no sólo modificó arbitrariamente la agenda legislativa sino que, para obtener la constitución de una comisión investigadora sobre los créditos recibidos por Vicentín durante la gestión macrista, negó a la oposición la palabra y violó el reglamento que exige, para conformarla, el voto afirmativo de dos tercios de los senadores. Por si ello fuera poco, las facultades atribuidas a esa ilegal comisión arrasan con la división constitucional de poderes, puesto que le permite allanar domicilios, disponer la comparecencia compulsiva de testigos, etc., todo reservado a la Justicia.

Y no contenta con ello, impuso a Claudio Cholakian, fundador de Justicia Legítima, como administrador general del Poder Judicial, es decir, quien decide cuánto, cuándo y dónde van los fondos. Podría creerse que se trata de algo intrascendente pero, si se piensa que será quien deberá darle a la Cámara Nacional Electoral, que expuso claramente el problema el miércoles, el dinero necesario para organizar tanto las PASO como las elecciones legislativas generales del año próximo, el tema adquiere una importancia más que singular para el proyecto ladri-populista de perpetuarse en el poder: ¿se invocará la falta de presupuesto para postergar los comicios en épocas de pandemia?, ¿qué métodos se usarán para alterar los resultados, si es que se celebran?

Las principales espadas mediáticas del kirchnerismo están anunciando diariamente la voluntad de su jefa de modificar la Constitución para, como dijo el propio Alberto Fernández, crear un nuevo «contrato social», y una sociedad enferma de pánico al contagio podría mirar para otro lado ante ese despropósito y estar dispuesta a tolerar tamaño desquicio.

 

Por Enrique Guillermo Avogadro,​​ abogado