Tarifas: ¿cuáles son los impuestos que enfrentan a Vidal con el peronismo?
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La Legislatura bonaerense ingresará en las próximas horas en una etapa de definiciones en torno a la quita impositiva en las tarifas de luz y agua, que impacta de lleno en las cuentas municipales.
Como viene informando DIB, el proyecto enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal dispone la reducción a prácticamente 0 de dos tributos cuya recaudación es cobrada directamente por los municipios.
Los intendentes del peronismo se oponen a la medida, y ayer pidieron a sus legisladores que rechacen la iniciativa que ya fue aprobada en el Senado. Cambiemos, por su parte, espera poder tratar el tema el jueves de la próxima semana, pero aún no cuenta con los votos para conformar mayoría y buscan aliados en sectores minoritarios del PJ.
En medio de las tensiones legislativas están en juego unos $ 1.300 millones anuales que reciben las comunas. Pero ¿qué significan concretamente y cuál es el impacto real de estos dos impuestos?
Uno de los dos artículos de la discordia es el 72 ter de la ley 11.769, que dispone una contribución del 6%, trasladable al usuario y sustitutiva de cualquier tasa municipal, cuya recaudación debe ser abonada a la comuna por las empresas que prestan servicio en su territorio.
Esto significa que las intendencias no pueden cobrarles a las empresas eléctricas ningún otro tipo de contribución local, tal como lo hacen con otras firmas que pagan la tasa de Seguridad e Higiene y distintos servicios de habilitación y funcionamiento.
El foco del conflicto reside en un detalle: el proyecto oficial no elimina el impuesto, sino que lo reduce al 0,01%. Esto hace que a las comunas se les reduzca la recaudación prácticamente a 0, pero se mantiene la prohibición para cobrar cualquier tipo de tasa.
Esta es la principal preocupación de los intendentes, y se refleja en algunos proyectos legislativos que exigen directamente eliminar el tributo para permitir que los municipios se vean en libertad de cobrarles las tasas locales a las empresas, evitando perder recaudación.
Otro impuesto que es discutido por la ley que envió Vidal es el que grava en un 3,1% los consumos de agua y cloacas, y cuya recaudación también es destinada a los municipios. Al igual que con la luz, la iniciativa sustituye las cargas municipales que podrían caberles a las empresas prestadoras, por lo que su no eliminación también les impide a las comunas avanzar en ese sentido.
Los que ya no son
La Legislatura sí aprobó la quita de un 0,6% (convertido en un 0,01%) a la factura de la luz, cuyos ingresos eran recaudados por la Provincia y eran sustitutivos de cualquier impuesto del Estado bonaerense sobre las empresas: en otras palabras, este tributo reemplazaba Ingresos Brutos, Sellos y las patentes que debían pagar las empresas.
A fines de abril, la gobernadora anunció la eliminación por la vía del decreto de varios impuestos provinciales en las tarifas de servicios. Lo hizo en aquellos impuestos que habían sido establecidos por esa vía: el resto (los dos que se discuten actualmente en Diputados) debió enviarlos a la Legislatura.
La mandataria reaccionó a un pedido del presidente Mauricio Macri, quien en medio del creciente malestar por el aumento de tarifas les reclamó a las provincias que eliminen los impuestos sobre los servicios.
La rebaja aplicada por la gobernadora equivale a una reducción del 10,4% en electricidad, un 6,3% en gas y un 3,1% en agua. Si se aprobara la ley que envió a la Legislatura habría un descuento extra del 5,3% en la luz y un 3,1% en el agua.
Concretamente, Vidal eliminó los decretos ley 7.290 (que establecía un gravamen del 10%), el 9.038 (del 5,5%), que afectaban a la luz, y también dos gravámenes sobre el gas (con un peso del 6,3% sobre la factura) y el agua (un 3,1% complementario al que debate la Legislatura, que era recaudado por la Provincia).
Sigue en vigencia un artículo de la Ley 11.769, que establece un fondo de compensaciones tarifarias con el propósito de auxiliar a usuarios de zonas en donde los costos de transporte son mayores. El tributo no puede superar el 8% del importe total a facturar a cada usuario.
