Tasas en las facturas de energía: la UPC dice que actúa bajo normas provinciales
Desde el municipio y la Usina señalaron que se trata de un conflicto que deben resolver entre la Nación y la Provincia
:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2024/11/usina_popular_cooperativa.jpg)
JUAN JOSÉ FLORES
Redacción
El gobierno nacional imputó a 95 empresas, entre ellas la Usina Popular Cooperativa de Necochea, por cobrar tasas municipales y otros cargos en las facturas de servicios y amenaza con multas de hasta 2.300 millones de pesos.
No obstante ello, el intendente Arturo Rojas dijo ayer a Ecos Diarios que “no está definido ese tema todavía” y que “hay que ver qué dice el Organismo de Control de Energía de Buenos Aires (Oceba)”.
Anteriormente Oceba ya había emitido un comunicado oficial donde garantiza la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación según la legislación provincial vigente.
Mientras, desde la Usina, el gerente Alejandro Issín dijo que “es un problema entre Nación y Provincia, nosotros nos regimos por el marco regulatorio eléctrico bonaerense y la autoridad de aplicación de la ley es la dirección provincial”.
Fuera del servicio
Este lunes se supo que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía inició acciones contra empresas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
La medida se debe a la entrada en vigencia de la resolución 267/2024, que determinó que ya no se pueden incluir tasas como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas de proveedores de servicios públicos.
Por ello, se abrieron 244 expedientes a 95 empresas por las facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la norma.
“La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”, indica la resolución.
Y agrega que “el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto” por la ley.
Conflicto jurisdiccional
Debido al conflicto jurisdiccional, no existen certezas de que la resolución del gobierno nacional pueda avanzar. Rojas dijo que “primero hay que ver qué pasa, la tasa de alumbrado está por ley, así que esa no la pueden sacar sino es por ley provincial”.
Mientras tanto, Issin señaló que la Usina es “un convidado de piedra, que aplica o deja de aplicar las normas que rigen la materia”.
Aunque duda que la cooperativa pueda llegar a ser sancionada, señaló que en caso de ser multada, “automáticamente se lo vamos a redirigir al poder concedente, que en este caso es la Municipalidad de Necochea, que nos obliga por Ordenanza a introducir las tasas dentro de la factura”.
Explicó que también la Provincia “nos obliga a incorporar impuestos en la factura”.
Opinó que quitar esos impuestos y tasas de la factura de energía eléctrica le haría “mucho más sencilla la vida a la gente y no tendríamos que hacer agentes de percepción gratis para la Provincia y para el municipio”.
En el caso de nuestro distrito, la UPC cobra junto con el servicio de energía eléctrica cuatro tasas: la de medidor, la de alumbrado, la de Patrullas Bonaerenses y la del fondos educativo universitario. Además, se cobra también el IVA (nacional) y tres impuestos provinciales.
Ilegalidad
Según se informó ayer, a partir de recibir la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta 2130 millones de pesos.
“Esas tasas son ilegales y violan el art. 42 de la Constitución Nacional”, había asegurado Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, al anunciar el canal de denuncia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión