Tenía un “kiosco de drogas” y debe aportar dinero al C.P.A.
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Son $ 30.000 secuestrados en un allanamiento, destinados ahora a “La Morada”, que atiende a personas con problemas de adicciones
Una mujer de 36 años que fue acusada de vender drogas en una casa del barrio Federal 6, de Quequén, fue condenada a cuatro años de prisión, aunque no irá a la cárcel y la pena la cumplirá con arresto domiciliario.
Lógicamente, tendrá que mantener una serie de reglas de conducta y no reincidir en ningún episodio ilícito, de lo contrario, se le revocaría el beneficio otorgado por la Justicia y sería trasladada a una unidad penitenciaria.
Lo novedoso del caso es que la persona multada tendrá que depositar los $ 30.000 que le secuestraron producto del comercio de estupefacientes en una cuenta a favor del Centro de Prevención de las Adicciones (C.P.A.) “La Morada”.
La entidad trabaja en pos de recuperar a quienes sufren del flagelo de las drogas y el alcohol. Por ese motivo, la plata se destinará a las actividades vinculadas con esas problemáticas.
Acusación fiscal
La Fiscalía de Delitos Complejos acusó a la mujer de comercializar estupefacientes en un kiosco del mencionado complejo barrial de Quequén, situado en las cercanías al Faro.
En ese sentido, se supo ayer que Andrea Fabiana Lescano fue condenada a la pena de cuatro años de prisión, más las costas del proceso, por resultar autora penalmente responsable del delito de “tenencia de estupefacientes para comercialización”, en perjuicio de la salud pública.
La mujer fue encontrada “culpable” de otros ilícitos por “encubrimientos atenuados” (dos hechos), que acumuló con el paso del tiempo y se le unificaron todas las causas para llegar al dictamen de la sentencia.
La madre, responsable
En el castigo que impuso el Tribunal Criminal en el trámite de juicio abreviado (sin debate oral), Lescano contará con un régimen de arresto domiciliario en la vivienda de calle 531 al 1300, de Quequén.
Deberá permanecer en ese lugar y cumplir con tareas laborales bajo la responsabilidad de su madre, quien será la garantía ante la Justicia para evitar que la hija sea enviada a una unidad penitenciaria de la región.
Cabe señalar que el allanamiento realizado en junio del año pasado en el barrio Federal 6, fue encabezado por personal de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén, bajo las órdenes emanadas por el Juzgado de Garantías y la Fiscalía de Delitos Complejos. ////
