Tierra del Fuego aprobó la “Ley Benicio”: entre el reconocimiento del duelo perinatal y la polémica por sus posibles implicancias jurídicas

Con el voto unánime de los legisladores provinciales, Tierra del Fuego se convirtió en la primera jurisdicción del país en sancionar una normativa que permite inscribir con nombre y apellido a fetos fallecidos, sin importar el tiempo de gestación. Conocida como “Ley Benicio”, en homenaje a un bebé que murió durante el parto en 2023, la ley crea un "Registro de Defunciones Fetales" en el Registro Civil provincial y generó tanto adhesiones emotivas como cuestionamientos jurídicos y políticos.

Un proyecto con fuerte carga simbólica

Impulsada por el legislador Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino), la iniciativa busca dar contención y visibilidad al duelo gestacional y perinatal, una experiencia atravesada muchas veces en silencio por miles de familias. Desde sectores que celebran la ley, se destaca su valor simbólico, ya que no tiene efectos civiles ni patrimoniales, pero sí permite a madres, padres y otros familiares reconocer e inscribir al feto con el nombre con el que fue esperado.

Villegas explicó que se trata de “una ley con profundo sentido humanista” y sostuvo que “estamos ampliando derechos, no restringiéndolos”. También negó que se trate de una norma con implicancias antiderechos: “Es difícil entender que algunos pidan vetar una ley que permite a las familias identificar con el nombre soñado a sus hijos que no pudieron nacer con vida. El dolor de los papás de Benicio se transformó en amor y reconocimiento”.

El registro es voluntario y simbólico, y puede ser solicitado no solo por la madre o el padre, sino también por otros familiares como abuelos o tutores legales.

Cuestionamientos desde el ámbito legal y de derechos humanos

Sin embargo, la norma fueguina encendió alarmas en distintos sectores del feminismo, del derecho y de la salud pública. Los principales cuestionamientos apuntan a que la ley no contempla un límite gestacional: es decir, podría aplicarse incluso en casos de pérdidas ocurridas dentro del plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), habilitada hasta la semana 14 por la Ley 27.610.

Desde una perspectiva legal, especialistas advierten que la ley entra en conflicto con el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que solo se considera persona humana a quien nace con vida (artículo 21). En ese sentido, el nombre y apellido son atributos jurídicos exclusivos de las personas humanas, por lo que asignarlos a un feto no nacido puede generar incoherencias normativas.

Natalia de la Torre, docente de Derecho de Familia en la UBA y la UNDAV, señaló que “afirmar que los fetos tienen derecho al nombre y apellido es problemático”, y que eso “afecta la coherencia jurídica y podría tener consecuencias sobre el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos”.

Otro de los puntos críticos es que la ley permite que personas distintas de la gestante puedan realizar la inscripción, lo que podría abrir la puerta a situaciones de presión, estigmatización o vulneración de derechos en casos de abortos legales o de embarazos no deseados.

“En un escenario extremo, esto podría implicar que una persona que decidió interrumpir un embarazo sea alcanzada por un acto simbólico ajeno a su voluntad”, advirtió Betania Longhi, de la Mesa del Parto Respetado.

El valor de los testimonios personales

Pese al debate jurídico y político, muchas voces en redes sociales compartieron sus historias personales para explicar por qué esta ley representa un avance en el reconocimiento del duelo gestacional. A continuación, algunos fragmentos de esos testimonios:

“Guardo lo que puedo de mi bebé: ecografías, estudios, como prueba irrefutable de su existencia. Para mí no hacen falta pruebas, pero necesito que el mundo sepa que existió un ser lleno de luz llamado Valentina. Me dolió no poder verla ni despedirme. Ojalá esta ley se implemente en todo el país.”

“Literalmente se me rompió más el corazón cuando vi el 'NN' en el papel. En el cementerio, sí lo anotaron con su nombre. Me sentí agradecida. No entiendo por qué antes no se podía.”

“Es una forma hermosa de reconocer la existencia de esos peques que no pudieron nacer. Me hubiera encantado que Gabriel hubiera podido tener esta ley.”

“En Chile tenemos una ley similar hace años, y fue clave para humanizar el duelo gestacional. Los que se burlan no conocen ese dolor.”

Estas expresiones muestran cómo, más allá del debate técnico, la norma toca fibras profundas relacionadas con la memoria, el duelo y la dignidad simbólica que muchas familias buscan preservar.

Un debate abierto

La sanción de la “Ley Benicio” reabre discusiones complejas sobre el derecho a la identidad, el estatus jurídico del concebido no nacido, el respeto por los duelos perinatales y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Por el momento, el gobernador Gustavo Melella tiene tres opciones: promulgar la ley tal como fue aprobada, vetarla parcialmente o devolverla a la Legislatura para su revisión. Desde organizaciones feministas se solicitó un veto parcial que permita conservar el espíritu simbólico de la norma, pero eliminando los artículos que podrían generar conflictos normativos o habilitar situaciones de vulneración.

Mientras tanto, el debate seguirá abierto, atravesado por emociones, principios jurídicos y distintas visiones sobre cómo el Estado debe acompañar procesos tan sensibles como la pérdida gestacional.