Tras los motines, la Provincia prueba los nuevos protocolos de visitas a cárceles
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Es para testear y ajustar los protocolos sanitarios y controles. Se acordó el cupo máximo de familiares, la periodicidad y las medidas sanitarias a implementar
Tras los incidentes producidos el último sábado en varias cárceles bonaerenses, el Servicio Penitenciario bonaerense adelantó para el próximo fin de semana una “prueba piloto” de las visitas de familiares que comenzarán a implementarse a partir del 14 de noviembre.
Según se indicó, el Gobierno busca “ajustar detalles” antes de la vuelta plena de las visitas. La decisión se tomó este mediodía luego de una reunión del ministro de Justicia provincial, Julio Alak, con funcionarios del ministerio de Salud, donde se ajustaron los detalles del protocolo de visitas familiares a las cárceles, que contempla una reglamentación sobre el cupo de personas que podrá asistir de forma simultánea, la periodicidad y las medidas sanitarias a implementar.
La vuelta de las visitas a las cárceles fue definida por el Gobierno bonaerense el sábado, con el objetivo de poner fin a un extendido motín que se dio en los penales bonaerenses de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín. En este último penal incluso fueron tomados de rehenes un enfermero, tres mujeres y cinco celadores.
Las visitas habían sido suspendidas el 12 de marzo pasado, con la llegada del coronavirus al país. Desde entonces los familiares no habían podido ingresar a los penales, aunque los detenidos contaban con medios de comunicación digital y telefónica.
Las protestas comenzaron cuando grupos de familiares se acercaron a los penales asegurando que les habían dicho que ese día podían visitar a los detenidos. Sin embargo, ante la negativa de las autoridades, los internos provocaron destrozos en algunos pabellones y se subieron a los techos del penal.
Finalmente, tras una negociación y el compromiso de retomar las visitas el 14 de noviembre, la situación se apaciguó.
Según se informó, las visitas estarán autorizadas en las 63 unidades penales que posee la provincia, distribuidas en 20 localidades, cuyos municipios colaborarán en la fiscalización del cumplimiento de los protocolos acordados.
