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    Tras seis años de litigios, el caso está empantanado en la Justicia

    22 de febrero de 2021 | 22:02
    Tras seis años de litigios, el caso está empantanado en la Justicia
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    La causa será girada al Tribunal Criminal, ya que la jueza Giménez, hizo lugar al planteo del abogado que representa a la familia de la víctima que solicitó agravar las acusaciones

     

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    La jueza Mariana Giménez hizo lugar al planteo del particular damnificado (la familia de Michel Suárez) para agravar las acusaciones a los cuatro policías que fueron llevados a juicio oral en la sala del Juzgado Correccional.

    En consecuencia, ante el pedido de cambio de carátula del controvertido caso ocurrido en diciembre de 2014, el expediente será girado al Tribunal Criminal Nº 1 y el debate oral debería desarrollarse en ese ámbito.

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    De esta manera, luego de una serie de continuos litigios judiciales a lo largo de seis años, la causa está empantanada y lejos de resolverse en el pronto término, teniendo en cuenta además los plazos de la Justicia.

    El juicio se había iniciado en el recinto del Correccional, pero en pleno desarrollo, apareció la postura del letrado que representa a la familia de la víctima de agravar la acusación para los cuatro imputados.

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    Asimismo, el particular damnificado lanzó duras críticas a la Fiscalía que investigó el hecho, al médico forense que realizó la autopsia Carlos Rodríguez y habló de “un complot entre la Policía y la Justicia”.

     

    Calificación más gravosa

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    Cabe recordar que la Fiscalía imputó de los delitos de “homicidio culposo y severidades” a los efectivos que cumplían funciones en la Seccional Segunda de Quequén, cuando se produjo la aprehensión de Suárez y su posterior alojamiento en el denominado “locutorio”.

    Para el particular damnificado, la calificación legal debe ser la de “torturas seguida de muerte”, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua para quienes sean encontrados “culpables”.

    La jueza Giménez hizo lugar al requerimiento y lo notificó ayer a las partes intervinientes, durante la audiencia efectuada en el Juzgado Correccional, aunque por cuestiones de amplitud de la sala, se utiliza la del Tribunal Criminal Nº 1.

     

    Argumente la calificación

    Si bien no se tuvo acceso a la resolución de la magistrada que subroga en el Correccional, al momento de explicar su decisión sostuvo que interrumpe el debate oral para darle lugar al particular damnificado que argumente su pedido de agravar las penas.

    En ese sentido, Giménez decidió “abrir el juego” para que el representante legal de la familia de la víctima, incorpore los elementos probatorios necesarios que respaldan su posición en cuanto a la carátula legal más gravosa.

    Lo mismo sucederá con las defensas de los acusados, que de esta manera, se les permite la posibilidad de acumular resguardos ante la nueva imputación que se plantea para el caso.

    Por otra parte, los abogados defensores de los cuatro imputados adelantaron ayer que recurrirán la medida adoptada por la jueza y, seguramente, el expediente terminará en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías.

     

    Camino sinuoso

    Entonces, se abre un nuevo capítulo en la controvertida historia que se prolongó durante más de seis años y ahora parece tener un camino engorroso ante las distintas posturas expuestas.

    Al respecto, la Fiscalía que investigó los hechos, también afirmó en la audiencia de ayer que no cuenta con otras nuevas evidencias para ampliar la calificación legal, solamente, las que trajo al juicio oral en el Correccional. ////

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