En la Argentina, el tercer domingo de agosto de cada año se conmemora el Día de las Infancias. La fiesta es conocida como “Día del Niño”, aunque en 2020 se decidió cambiar el nombre de la fecha conmemorativa, buscando una denominación más inclusiva y con perspectiva de género. 

Sin embargo, más allá del nombre que genera cierta controversia, no hay que perder de vista que lo importante es garantizar la protección de los niños y las niñas y velar para que realmente se cumplan sus derechos. 

Por supuesto que hoy es un día para celebrar, compartir, agasajarlos y, en la medida de las posibilidades de cada familia, entregarles un regalo para que recuerden la jornada. No obstante, también es importante reflexionar sobre las dificultades que existen en nuestro país en torno al acceso de los derechos para todos los chicos por igual. 

Según la Convención de los Derechos del Niño, promulgada por la Organización de Naciones Unidas en 1989, los niños tienen derecho a la igualdad sin discriminación; a una protección especial para que puedan crecer física, social y mentalmente sanos y libres; derecho a tener un nombre y una nacionalidad; alimentación, vivienda y atención médica adecuada; educación y atención especiales para los niños con discapacidad; comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad; derecho a una educación gratuita, a divertirse y jugar; atención y ayuda preferentes en caso de peligro, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil y derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia. 

Sin embargo, más allá de que estén escritos y que sean considerados ley, la realidad es que no todos los chicos tienen acceso a los mismos derechos y el hecho de que muchos no reciban educación, vivan en entornos violentos, no tengan el debido acceso a la salud, a una vivienda y a un plato de comida todos los días, impacta de lleno en su formación como persona y repercute en su futuro. 

Es de esperar que el Día del Niño o Día de las Infancias, sea una fecha para que el Estado y todos sus organismos e instituciones competentes en el tema, también reflexionen sobre la problemática y diseñen políticas realizables que garanticen los derechos de todos por igual o, por lo menos, que haya un avance en ese sentido.///