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    Un nuevo paradigma, la justicia restaurativa

    16 de junio de 2018 | 21:48
    Un nuevo paradigma, la justicia restaurativa
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    Usualmente cuando ocurre un delito establecido y recopilado a través de las pruebas planteadas durante un juicio oral, se aguarda un repertorio de penas que van desde el pago de una multa hasta la privación de la libertad por parte del imputado.

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    Esto se fundamenta en el marco de los principios generales que presenta el Código Penal, al que son sometidos quienes delinquen. Y en base a ello, los ciudadanos esperan las respuestas que los encargados de impartir Justicia deben generar.

    Pero en muchas ocasiones, encontramos con que las decisiones de los jueces no son siempre las esperadas ni adecuadas.

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    Por eso que las personas comunes a menudo y ante el desarrollo de distintos casos se preguntan: ¿hacia dónde va la Justicia penal?, ¿a quién está dirigida, a quién conforma y a quién escucha, verdaderamente?

    En nuestra ciudad se desarrolla un debate por la muerte de la joven Melisa Beatriz Núñez. La chica llegó a Quequén desde su provincia de Corrientes con sus valijas cargadas de ilusiones de iniciar una nueva vida junto a su pareja (integrante de la Prefectura Naval Argentina).

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    Melisa estudiaba en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 31 y apostó a su futuro con firmes convicciones, pero el destino de la vida le jugó una mala pasada y encontró la muerte en la etapa de la plenitud.

    Un derrame de agroquímicos en el patio externo de un depósito de estos productos peligrosos se expandió por las cañerías de cloacas y los restos tóxicos se metieron sin piedad en la vivienda de la joven, que en ese momento descansaba en una habitación.

    La salud de Melisa recibió un fuerte sacudón que derivó luego en la internación en el hospital municipal, los médicos trataron de compensarla pero el cuadro de intoxicación se agravó y murió horas después.

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    La madre de Melisa, Mercedes Fernández, desde su Corrientes natal comenzó un largo peregrinar en reclamo de justicia y que los responsables del incidente paguen por lo que provocaron.

    Pasaron más de tres años del fallecimiento de la chica y recién el pasado 4 del corriente mes comenzó el juicio oral a los dos acusados de «infracción a la Ley de Residuos Peligrosos».

    El proceso judicial y penal tardó todo ese tiempo para llegar al momento en que el caso se ventile en el Tribunal Criminal Nº 1. Recursos interpuestos de un lado y del otro de las partes, hicieron que el expediente visite diferentes organismos del Departamento Judicial local y todo se dilate.

     

    Cuestión humana

    Cuando sobrevino la oportunidad del debate, uno de los imputados pidió declarar ante los jueces y reconoció que el derrame de los restos de productos tóxicos había sido por «su culpa» y que la situación se «le fue de las manos…, se tornó incontrolable».

    El comerciante Fernando Cañada se hizo cargo del incidente y se quebró emocionalmente en dos o tres ocasiones cuando estuvo cara a cara con los magistrados y narró lo sucedido, esa fatídica tarde del 13 de abril de 2015.

    Ni bien terminó de hablar uno de los acusados, tomó la palabra Mercedes Fernández y ratificó que las expresiones de Cañada habían sido las mismas que ella recibió durante un encuentro privado, que ambos mantuvieron días antes del comienzo del juicio oral.

    «No se trata de perdonar porque no soy Dios, es enfrentar una situación delicada que me toca vivir como madre. Asistí a un grupo de víctimas por la paz en Corrientes y comprendí que necesitaba sanar este calvario», aseveró Fernández en una entrevista con Ecos Diarios.

    Pero la mujer fue más allá en su pensamiento y dejó de lado cualquier tipo de egoísmo, ya que le apuntó a la vida y propuso que lo sucedido con su hija sirva como ejemplo para que no vuelva a repetirse un episodio tan luctuoso.

    Con sus acciones, esta mamá valiente, también desnudó falencias del Estado en general en cuanto a los controles y autorizaciones que deben darse para el manipuleo de productos agro tóxicos, que pueden acarrear daños a la salud pública.

    Los familiares de Melisa Núñez necesitan saber la verdad de lo ocurrido a través de una «justicia restaurativa» para mitigar el dolor de una madre, como se esgrimió en el desarrollo del debate oral.

    Se trata de una actitud humana de parte de la particular damnificada, un hecho inédito que en los escenarios locales de tribunales no ha tenido antecedentes, al menos, eso se ha podido establecerse mediante consultas a actores de la Justicia que participan desde hace años en estas cuestiones.

     

    Un camino distinto

    En los últimos años aparecieron movimientos populares que surgieron naturalmente y han dado cuenta de manifestar sus reclamos ante distintos temas planteados en el marco de la sociedad que vivimos.

    Los tiempos cambian y aparecen nuevas estrategias de participación de los ciudadanos, en base a la posibilidad que ofrece transitar el período de la democracia y la libertad de pensamientos.

    A partir de la postura adoptada por la madre de Melisa, pareciera instruirse una etapa diferente de la realidad: la coexistencia de la «justicia restaurativa o restauradora», junto a la justicia ordinaria o penal común.

    Tal vez, este contexto exprese de a poco una visión restauradora y se inicien caminos diferentes, procesos donde las partes al sufrir algún tipo de delito resuelven, colectivamente, cómo abordar las consecuencias del delito y sus implicancias para el futuro.

    El juicio por la muerte de la chica correntina de 19 años se encuentra en pleno desarrollo, falta escucharse cada alegato de las partes intervinientes y, obviamente, la decisión final de los tres jueces técnicos del Tribunal Criminal Nº 1.

    Lo cierto y concreto que el tema se expuso ante el estrado de Justicia, es un modo de pensar diferente sobre el delito y las respuestas a sus consecuencias. Según se dijo en el debate, se pretende la reintegración de la víctima y del ofensor dentro de la comunidad. Habrá que aguardar, qué resultado tiene todo esto. ///

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