Una cartografía del caso de corrupción que sacude al país
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Por Manuel Garrido (*)
El país se ha visto sacudido una vez más por un escándalo de corrupción, aunque en esta ocasión nos hallamos ante un caso excepcional. Esa relevancia se desprende de la importancia del monto de los sobornos que se habrían pagado (se habla de más de 160 millones de dólares), pero también de los inusuales detalles de la modalidad del traslado de dinero con que se cuenta, y también de la importancia y número de los empresarios que aparecen señalados como autores de las maniobras, que se suman a los funcionarios públicos involucrados.
A partir de la difusión de numerosas detenciones y allanamientos ordenados por el juez, asistimos a un debate mediático y a campañas intensas en las redes sociales que pueden ocultar o confundir las importantes cuestiones que están en juego.
Una de las discusiones engañosas que se ha planteado es la relativa al hallazgo o no del original de los cuadernos en los que consta el relato de los hechos a investigar.
Si bien la ausencia de los originales puede dificultar peritaciones caligráficas que podrían realizarse para determinar la antigüedad de la escritura y la autoría escritural de lo allí redactado, no debe perderse de vista que en sí esas anotaciones no prueban nada, sino que el contenido del relato debe ser acreditado mediante otras evidencias que deben recopilarse. En esto da lo mismo que el relato conste en una escritura notarial, en un texto original o bien en una fotocopia, porque estos textos no prueban la verdad de lo que se cuenta, aunque sean ratificados por su autor.
En relación con la credibilidad del material, el extremo detalle y minuciosidad del contenido es un indicio de verosimilitud, aunque lo importante es que esos cuadernos son un mapa inusual en las causas de corrupción que permitiría sortear el habitual ocultamiento que acompaña a este tipo de criminalidad.
Información precisa
En este caso se dispone, lo que rara vez ocurre, de información valiosa sobre la fecha de los pagos y de quiénes los habrían hecho, lo que debe conducir a la verificación de información contable y bancaria, registros de movimientos de dinero y de viajes al exterior de los vinculados a cada empresa y a los pagos en los momentos relatados, ya que se trata de montos importantes que no suelen estar disponibles fácilmente.
Esa información debe completarse con las incidencias de los contratos y las decisiones de los funcionarios públicos contemporáneas a los pagos, dado que para que exista un delito de cohecho debe acreditarse también para qué conducta oficial se realizó cada pago.
Se requiere una tarea investigativa cuidadosa y detallada para determinar no solo los pagos sino a cambio de qué se hicieron, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de que el delito aplicable sea menor: el de entrega y recepción de dádivas, cuya pena es sensiblemente más baja.
La tarea investigativa no debería dejarse librada a la mayor o menor disponibilidad de «arrepentidos», como pareciera desprenderse de la redada general con que ha explotado el caso y del mantenimiento de las detenciones, ya que aun en caso de que aquellos existan, probablemente sean parciales y, además, no tiene sentido depender de aportes eventuales de información a la que la Justicia podría acceder por sí misma. En todo caso, tales aportes deberían ser a su vez corroborados por otras vías para ser creíbles y descartar que se trate de mentiras fundadas en el autointerés.
El chequeo de información que seguramente ya se ha realizado, como llamadas telefónicas, domicilios, chapas de automotores, entre otros detalles, también puede corroborar la veracidad del relato, aunque necesitará ser complementado por otra información si se quiere asegurar que este caso no termine en la impunidad.
La utilización del tipo penal de asociación ilícita, por otro lado, además de su vaguedad y la extrema discusión que existe en cuanto a sus características, podría dejar afuera de la persecución penal a los empresarios, lo que daría a la actuación judicial un sesgo que abarcaría solo la mitad de un fenómeno que requiere de dos caras necesariamente complementarias.
La confusión vigente se ve atizada por los pedidos de allanamiento de los domicilios y de desafuero de la senadora Fernández de Kirchner, que enturbian y politizan innecesariamente el caso.
Es que la información a buscar está en las empresas y los bancos más que en los domicilios de los destinatarios de los sobornos. No hay copias de recibos de las coimas y el dinero probablemente se oculta en otros lugares. El tiempo que requerirá la discusión en el Senado impedirá, por otro lado, cualquier posibilidad de que allí pueda hallarse algo relevante.
El desafuero
En cuanto al desafuero, no tiene ningún sentido procesal, porque no es necesario para que la causa avance ni para que se concrete su declaración indagatoria y revela otro tipo de propósitos que deben ser ajenos a una investigación judicial, y que son más problemáticos todavía en una etapa tan incipiente del caso y en medio ya de definiciones preelectorales en las que la Justicia no debe entrometerse.
La cartografía obsesiva que nos ha legado este oscuro chofer permite descorrer los velos de ocultamiento habituales de la corrupción, confirma lamentablemente las peores sospechas existentes en la ciudadanía acerca del nivel de degradación del mundo público y también del mundo de los negocios, y constituye un desafío para la Justicia, que aquí tiene todo servido para doblegar a la impunidad. Para esto, debería evitar la atracción por el veloz impacto mediático y político, y seguir los rumbos marcados en este insólito e inesperado mapa.
(*) Ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas
