Autos secuestrados por meses
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Las pericias suelen demorar más de lo necesario. Los propietarios pueden reclamar la restitución, si entienden que el paso del tiempo es excesivo y los perjudica
A propósito de la acumulación permanente de vehículos secuestrados frente a las dependencias policiales, de lo que Ecos Diarios diera cuenta en su edición de ayer, la burocracia y lentitud de la Justicia resulta la principal causa de esta problemática que se sigue profundizando.
La respuesta inmediata de quienes intentan justificar la mencionada anomalía es que los organismos judiciales están desbordados de causas, lo que en parte es cierto; pero en el caso que nos ocupa, la tardanza en las pericias suele ir más allá de lo necesario o aconsejable.
La mayoría de estos rodados abandonados en la vía pública, en especial los existentes frente a las dependencias de la Policía caminera, han sido protagonistas de siniestros automotores, con víctimas fatales o heridos de distinta consideración.
Tales motivos obligan a que en el marco de la respectiva investigación los fiscales instruyan distintas pericias, tanto del estado mecánico del rodado (cubiertas, frenos, etc), como las llamadas pruebas de accidentología, que son las que analizan lo acontecido en el lugar del siniestro (huellas de frenado del vehículo involucrado, entre otras).
Pese a que las pruebas no deben ser remitidas a la Provincia, los resultados no son inmediatos, y en muchos casos demoran más de lo necesario. Los tiempos parecen no inquietar a algunos funcionarios.
Perjuicio y reclamos
Está claro que más allá del grado de culpabilidad del propietario o de quien manejaba el rodado al momento de generarse el accidente en cuestión, el paso de los meses sin que el vehículo le sea restituido le genera una serie de perjuicios extras a su dueño. Tanto el hecho de quedarse “de a pie”, como el deterioro y hasta roturas que ese auto sufre al permanecer semanas y semanas a la intemperie.
Ante ello le cabe al damnificado la posibilidad de presentar en Fiscalía, a través de un abogado, un pedido a la Justicia para que le se sea devuelto el dominio en forma preventiva (mientras la causa se sigue sustanciando, por caso un homicidio culposo) o definitiva. Sobre el tema se especificó que “en general” la Justicia responde afirmativamente, si es que no hay algún impedimento especial.
Quienes desenvuelven labores en el ámbito judicial admiten o dan cuenta de algunos casos llamativos. Entre ellos aparece el de la camioneta que el pasado 25 de diciembre pasara por sobre la humanidad de un niño, quitándole la vida; y que pese a tratarse de una causa penal clara en cuanto a su autoría, recién fue devuelta esta semana, pese a numerosos reclamos de su dueño.
Sobre el tema trascendió que la restitución de la camioneta se produjo recién cuando el fiscal actuante volvió de sus vacaciones. No resulta una situación extraña ni mucho menos, ya que se ve continuamente que funcionarios privilegian su situación personal,- llámese descanso u ocio-, demorando el cumplimiento de su deber.
Cabe destacar que si bien la mayoría de los vehículos secuestrados han sido protagonistas de accidentes, también están arrumbados rodados que se incautan por tener limados el motor, chasis o piezas. También integran el panel de las causas penales, pero la devolución de los mismos es casi nula, por razones obvias de un delito de adulteración. A no ser que se trate de un vehículo robado que puede solicitar su dueño y damnificado.
Los letrados dan cuenta que en la actualidad también se percibe una marcada orfandad de documentación. Y si la misma no existe, el bien no puede ser devuelto.
En otro orden, el dueño del vehículo tiene la posibilidad de reclamar en la Justicia civil un resarcimiento al Estado por los daños que haya sufrido su bien mientras estuvo secuestrado. Sin embargo, prácticamente no se hace este tipo de pedido, por la burocracia del sistema.
En resueltas, más allá de las obligatorias pericias y de las injustificadas demoras en el accionar, sale a la luz que la Justicia penal debería ser más expeditiva y aplicar un mayor sentido común para no afectar aún más a los involucrados.
Responsabilidad de la Provincia
Otra de las cuestiones que también debe quedar en claro en esta acumulación de rodados frente a las dependencias policiales es la poca preocupación que ha exhibido la Provincia, por alquilar un predio que permita sacar a los mismos de la vía pública y llevarlos allí.
Se trata en definitiva de una desprolijidad institucional que afecta a la imagen de la ciudad y crea diversas consecuencias. Se sabe de ofertas de lugares de la comuna para tener los rodados en depósito, pero a su vez resultaría eficaz que el arco político ejerciera mayor protagonismo en el reclamo para que se dé una definitiva solución a este tema, incluso acompañado por la Justicia y la propia Policía.
