Una mirada sobre la Constitución de 1994 a 30 años de la reforma
Para el autor no fue la mejor de la República como sostienen algunos
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En agosto de este año se cumplen 30 años de la última reforma de la Constitución de la Nación Argentina. Esta ley fundamental que rige en nuestro país contiene, además del Preámbulo, dos grandes partes. La primera refiere a declaraciones, derechos y garantías. La segunda, a las autoridades de la Nación.
En diciembre, cuando se conmemoraban 40 años de democracia, quien era presidente de la Convención Nacional Constituyente declaró, en un canal de televisión, que la reforma de 1994 fue la mejor de la historia de la República. Me permito disentir en forma categórica. Me fundamento en las consecuencias que hemos padecido a partir de su aprobación. No fue otra cosa que una reforma pensada y redactada, primero, para asegurar la reelección de Carlos Menem, y, luego, para reafirmar la perpetuación en el poder de todos los protagonistas de la corporación política.
Estoy totalmente convencido de que la conformación de las autoridades de la Nación condiciona y determina la puesta en marcha de los derechos y las garantías. Sobre la base de ello, es posible argüir que los implicados en la redacción de la reforma constitucional armaron el capítulo de las autoridades como un traje a medida de sus intereses continuistas. Un modelo estatista que asegurara la perpetuidad de la clase política.
Avancemos en nuestro análisis y en esa misma línea programática para formular: “Todo dentro del gobierno, nada fuera del gobierno”. Sabemos que al gobierno lo ponen en marcha los gobernantes, o sea, el conjunto de políticos que se adueñó del poder. Los últimos resultados electorales muestran el hartazgo ciudadano, pero no estamos exentos de nuevas formaciones autoritarias.
Como la idea central es la perpetuación, las medidas del gobierno deben apuntar a someter al electorado, a conservar votantes cautivos. Planes sociales sin control, dádivas en tiempo de comicios, reparto de heladeras, bicicletas, dinero en efectivo, “plan platita” y otras inimaginables estructuras delictivas compuestas por punteros políticos, autoridades municipales y provinciales con presupuestos millonarios.
Esas regalías ilegales socavan nuestros valores sociales y arrojan vagabundos de 20 años a nuestras calles, y los narcotraficantes encuentran mano de obra desocupada para la distribución de la droga, en ocasiones patrocinados por funcionarios públicos de alta jerarquía.
La construcción cultural de la realidad argentina se expandió por gestión del inepto grupo de políticos que, en los últimos 15 años, fueron impulsando la inflación acelerada y el abandono de la seguridad ciudadana. La burocracia, la delincuencia y el narcotráfico no dejaron espacio sin ocupar, de la mano de los jerarcas estatales.
Entre las consecuencias de ese averno institucional que engendró la Carta Magna de 1994, encontramos, por ejemplo, cómo se puede vaciar de contenido uno de los derechos republicanos básicos: el principio de igualdad establecido por el artículo 16° de la Constitución Nacional, que refiere a la igualdad política, no a la económica, reservada a las sociedades socialistas.
Para retomar el modelo de una república democrática, que ha sido destrozada por los sucesivos gobiernos autocráticos estatistas, son necesarios ciertos cambios constitucionales. Sólo en forma sucinta, apuntaré la dirección de las transformaciones mínimas que propongo para superar el caos institucional que heredamos.
Una observación genérica es la vinculada con las atribuciones del Poder Ejecutivo; es decir, el poder administrador. Eliminar, sin excepciones, los decretos de necesidad y urgencia. Eliminar, sin excepciones, la delegación de funciones de un poder a otro. Eliminar, sin excepciones, las reelecciones en el poder administrador y en el Poder Legislativo, en esas mismas funciones. Pueden ser elegidos, sin reelecciones, en otra categoría política. Todo ello deberá extenderse a los gobernadores e intendentes. En líneas generales, los actos de disposición quedarían reservados al Poder Legislativo.///
Por Enrique Liberati- Doctor en Derecho
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