Raúl Jáuregui 

Redacción 

La reciente muerte del joven Juan Piñero producto de las graves heridas al ser embestido por una moto que participaba de una picada ilegal en Quequén, volvió a sacudir a la comunidad y expuso nuevamente las consecuencias de una problemática que lejos de ser controlada, recrudece.

La del infortunado joven de 22 años es la tercera vida de motociclistas que se registra en lo que va del año, ya que en marzo falleció el trabajador rural Aníbal Mendoza (29 años) en un accidente nocturno en el kilómetro 5 de la ruta 86; y el 29 de julio perdió su vida Juan Gutiérrez (40 años) al embestir con su moto una columna de alumbrado en la avenida Pinolandia.

En la misma arteria, una joven que fue atropellada por una moto que participaba de una picada tuvo mejor fortuna, aunque ante el fuerte impacto sufrido deberá someterse a varias intervenciones quirúrgicas para recuperarse.

La cuestión de las picadas, que a lo largo de los últimos 15 años ha provocado varias muertes y múltiples heridos de diversa consideración, se mantiene vigente y por ahora no surgen soluciones.

Sus protagonistas se sienten impunes en su demencial desafío a las reglas de convivencia, ya que no solo ponen en peligro sus vidas sino la de terceros. Y se nutren de la adrenalina de eludir a quienes deberían ponerle coto a la cuestión: el cuerpo de Tránsito, asistido por la fuerza policial.

Las convocatorias se hacen a través de las redes sociales, proponiendo alternativas de lugares para hacer sus pruebas ilegales en caso de que “caiga la gorra”, en alusión a la Policía. Una información que se conoce y que sin embargo no alcanza para controlar.

Una de esas invitaciones se replicó luego del grave accidente del domingo. Sin importarles a los participantes lo ocurrido, y con un desprecio por la vida del otro que también se expresó con la huida del lugar del hecho de los numerosos motociclistas que participaban u observan la picada antes de que llegara la Policía al lugar. De hecho, hasta ahora parece imposible ubicar a testigos para determinar cómo fue el lamentable accidente.

Evitar males mayores, pero…

Es tan entendible y lógico el argumento del municipio de evitar a través de sus inspectores persecuciones a quienes participan de las picadas o que molestan con los insoportables “cortes” de sus motos, para evitar lamentos mayores; como la creciente preocupación de una sociedad que pretende vivir en paz y sin peligros que son evitables.

Está claro que la Municipalidad no puede disponer de un inspector en cada esquina de la ciudad para controlar esta anomalía. Y es allí donde aparece la responsabilidad individual de quienes deberían considerar el peligro que generan para sí mismos y terceros.

En el descontrol que se viene observando desde hace tiempo, también sin solución, se suman las peligrosas maniobras que cada fin de semana, preferentemente los domingos, hacen osados conductores de motos en el tramo de la avenida 10 entre 99 y 117, al elevar sus motos y circular sobre una rueda, algo que replican en otras avenidas y de lo que suben videos a las redes sociales. Muchos de ellos sin el casco reglamentario, atronando con los ruidos de sus vehículos e ignorando a los inspectores.

Esta costumbre se ha morigerado cada vez que han venido a la ciudad a hacer los controles miembros de la policía motorizada de Mar del Plata, con motos más potentes y una forma más “rigurosa” de actuar.

Sin información oficial

Ecos Diarios intentó por diversos medios conocer las estadísticas de los accidentes fatales con motociclistas involucrados en los últimos tiempos, que bien sabido son elevadas. Fue infructuoso, ya que por una disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tales datos no se difunden. Se guardan en la estructura policial interviniente en los accidentes: la policía Científica.

El propio municipio, que a través del Observatorio Vial planifica medidas preventivas para atenuar los accidentes a partir de datos, también se ve perjudicado. “Hace un año que no recibimos esa necesaria información, pese a que hemos intentado ante distintos organismos”, lamentó una fuente de la repartición.

Considerando todo lo apuntado en párrafos anteriores, gran parte de nuestra sociedad rechaza todo lo que conllevan estas prácticas ilegales y a su vez cuestiona la seguridad vial, a la vez que espera respuestas para corregir este caos que cuesta vidas. Precisamente una obligación que le corresponde al Estado.///