La demanda a los exportadores una jugada política de alto riesgo
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La tasa portuaria que pretende cobrar el municipio a partir de una demanda judicial, puede generar consecuencias no deseadas
La demanda contra los exportadores que operan en Puerto Quequén, iniciada por el Departamento Ejecutivo pretendiendo cobrar la llamada “tasa portuaria” en el periodo 2015 / 2017 podría llegar a transformarse en un “boomerang” de consecuencias no deseadas. Desde la promulgación de esta gabela y posterior derogación se ha transformado en una especie de trampa de red, donde cada movimiento que se haga puede dejar más atrapados a quienes por un lado la defienden como la defenestran.
Un poco de historia
En febrero de 2015, el Concejo Deliberante aprueba –sin ningún voto por la negativa- la creación de la “Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial” más conocida como “tasa portuaria”.
Sin embargo, los antecedentes de esta normativa comenzaron a mediados de 2013 y la polémica se extiende hasta hoy, aún con la tasa ya derogada.
Durante el 2013, el bloque de concejales Cambiemos-Fe presentó un proyecto para gravar el paso de la carga con destino a Puerto Quequén con un importe de $ 2 por cada tonelada. En este caso, se proponía que el sujeto gravado sea el propietario de la carga y se conformara con lo recaudado un “Fondo Compensador Vial para Quequén” (Focovi). A su vez, se proponía que el 80% del producido sea para obras de mantenimiento y mejoras de las arterias viales y obras complementarias y el 20% restante para mejorar el sistema público de salud de Quequén. El proyecto planteaba –entre otros temas- la constitución de una comisión multisectorial para definir la reglamentación del tránsito en dicha localidad.
Luego de ingresado el proyecto al Concejo Deliberante, a fines de 2013 se toma la decisión de realizar una consulta de la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que defina si el mismo se ajustaba a derecho, es decir, si el Concejo poseía facultades para crear dicha tasa. En mayo de 2014, el organismo responde favorablemente, con un dictamen, que lleva la firma del Dr. Gustavo Ferrari (actual ministro de Justicia), quien admite que “no encuentra observaciones que formular al proyecto de ordenanza”.
Durante ese año, se inicia un complejo debate en el Concejo Deliberante sobre la posibilidad de aprobar una tasa de estas características y el principal argumento que mantiene la discusión es el estado de abandono que presentaba (y presenta) Quequén y sus calles, la falta de seguridad, la peligrosidad del tránsito pesado y sobre todo la falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial, en esos momentos en manos del kirchnerismo.
En el marco de estos debates, a fines de 2014, la UCR y el socialismo proponen un proyecto similar, pero gravando con un dólar la tonelada y plantean que el sujeto gravado sea “toda persona física o jurídica que actúe como destinatario de la carga según la carta de porte”.
Finalmente, en febrero de 2015, se aprueba la “Tasa solidaria por mantenimiento diferenciado de la red vial”, a partir de un mix entre ambos proyectos, el del Partido Fe y el del radicalismo y socialismo. El valor del gravamen se ancla en el equivalente al valor de medio litro de gasoil (grado 2 s/precio del ACA) por cada tonelada de carga y prospera el criterio de la iniciativa de la UCR y el socialismo respecto al sujeto gravado, que termina siendo el destinatario de la carga, es decir, los exportadores. En este sentido, cabe agregar que lo que se aprobó es distinto al proyecto original que había tenido en su momento el aval de la Asesoría General de Gobierno.
Para aplicar la ordenanza, se hacía necesario definir un eventual circuito de paso de carga constituido por las arterias de jurisdicción municipal y provincial y, a su vez, reglamentar la norma.
En 2016, aparece en escena el sector exportador y propone la constitución de un fideicomiso para reemplazar a la tasa portuaria. El proyecto genera dudas y, tras varias conversaciones no se avanza y finalmente queda en la nada. No se constituye el fideicomiso ni tampoco se aplica la tasa, considerada desde un principio por el sector exportador como “inconstitucional”.
Sin embargo, para sorpresa de todos, en agosto de 2017, a dos días de las elecciones primarias, el intendente Facundo López, a través de la Municipalidad, intima a 36 empresas del sector a pagar la suma de $81.000.000.
La historia de esta controvertida tasa parece terminar en diciembre de 2017, cuando el Concejo Deliberante, en el marco de una negociación entre el oficialismo y la oposición por un aumento de tasas, la termina derogando. Pero las controversias siguen hasta nuestros días porque otra vez y en medio de la campaña electoral, aparecen nuevos capítulos de una historia que promete seguir en el tiempo y que puede implicar pérdidas millonarias para la Municipalidad de Necochea.
Otra vez, en medio de un período electoral, el Intendente decide dar otro paso y presenta apremios ante la Justicia. El pasado viernes se conoció la decisión judicial de embargar las cuentas bancarias e inhibir, en caso de que no haya dinero en las mismas, a 28 empresas exportadoras.
De esta manera se da inicio a un juicio, en el que el dinero embargado quedará en caución hasta tanto la Justicia se expida.
El circuito de carga cuestionado
Uno de los puntos controvertidos y que ha llevado a la oposición a hacer críticas en cuanto a la forma en que se quiso aplicar la ordenanza de la tasa portuaria, es el circuito de paso de carga, en el que se debían definir las arterias de jurisdicción municipal y provincial por las que debían pasar los camiones. Este tema incluso se trató ayer por la mañana en el Concejo Deliberante con la presencia del subsecretario de Legal y Técnica, Marcos Migdal.
Según se argumenta desde la oposición, la Ordenanza Fiscal Impositiva por sí sola no sería suficiente para hacer exigible la “tasa portuaria”, ya que necesitaría ser complementada por otra ordenanza que determine con precisión el “circuito de salida”. En aspecto, se plantea que es competencia del Concejo Deliberante lo referente a la reglamentación de la circulación de personas, vehículos y circulación de cargas y no del Ejecutivo.
Quienes aseguran que la norma tiene varias irregularidades en su intento de aplicación, mencionan que el Concejo no delegó “en”, ni facultó “al” Departamento Ejecutivo a determinar el “circuito de salida” mediante decreto, como en realidad se hizo. Aducen que fue dictado por un organismo incompetente, que pretende reglamentar espacios de jurisdicción y dominio provincial y que no fue publicado en el boletín oficial municipal y por ello no es susceptible de ejecución. También dicen que el circuito de carga no es preciso y genera incertidumbre y que tampoco cuenta con la señalización física pertinente.
Si bien el tema del circuito de carga no es el único punto discutible, es uno de los que más polémica ha generado porque el Ejecutivo lo estableció por decreto, pero algunos aseguran que es competencia del Concejo Deliberante.
De esta manera, se inicia un camino judicial, que deberán recorrer ambas partes, en este caso la Municipalidad, por un lado, y las exportadoras por otro, cada una con sus propios argumentos y queriendo tener razón. En el medio, la política, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos en medio de un proceso electoral en el que se definirá el próximo intendente.
Sin embargo, la decisión final la tendrá la Justicia, aunque el riesgo que corre el municipio es grande y serán, al fin de cuentas, quienes pagan sus impuestos los que deberán hacerse cargo de las consecuencias económicas porque, aun así desistiendo de la demanda –si así se decidiera – los gastos y honorarios del juicio, habrá que pagarlos y eso inevitablemente recaerá sobre los contribuyentes.///
