Vehículos, chatarra y mugre
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Los espacios contiguos a las comisarías de Necochea y Quequén, los frentes de las dependencias policiales viales y, fundamentalmente el predio de Tránsito de avenida 59 entre 84 y 86, han sido invadidos en los últimos tiempos por decenas y decenas de vehículos secuestrados en operativos o por ser protagonistas de accidentes en rutas, en el caso de las llamadas camineras.
Una serie de particularidades en común existen entre estos rodados incautados por distintos motivos: muchos de ellos yacen abandonados desde hace años, situación que ha generado un notable deterioro y destrucción de las unidades; no son retirados por sus propietarios y terminan acumulando basura y alimañas en su derredor, a la vez que se constituyen en peligrosos focos infecciones; y el peligro latente de incendiarse al estar a la intemperie y a merced de vándalos o delincuentes.
En el caso de los rodados situados frente a las sedes policiales es una cuestión que debe resolver la Justicia provincial. Pero a pesar de algunos ofrecimientos de predios por parte de la Municipalidad para depositar los vehículos y limpiar de ellos la vía pública, no se ha logrado una decisión al respecto. Es así que se sigue potenciando el cúmulo autos y camionetas desperdigados por todos lados, algunos en estado de chatarra.
En lo que atañe al predio de Tránsito, donde hay no menos de mil motos secuestradas sin que sean retiradas por sus dueños y varios cientos de vehículos de cuatro ruedas, la posible solución parece más factible.
En este tema el municipio trabaja en dos alternativas, que significarían una solución: la concesión del acarreo y depósito de unidades infraccionadas y secuestradas a un privado, lo que ya está bastante avanzado mediante una licitación a la cual se presentaron dos empresas; y la adhesión a un nuevo plan de compactación de rodados inservibles, como ha ocurrido en varias oportunidades.
La primera idea pondrá fin, una vez que se adjudique el servicio, a la acumulación de vehículos en el predio municipal, mientras que la segunda posibilitará una más que necesaria limpieza de un lugar que nunca ha lucido limpio en las últimas décadas.
Allí se observan montañas de desechos de lo que alguna vez fue un auto, y la destrucción e inexplicable inutilidad de los que son modelos nuevos y no son retirados por sus propietarios, ya sea por la falta de documentación o por no querer o poder abonar el costo del secuestro y días de estadía en el predio,- se cobra $600 por jornada-; lo que fomenta el robo de piezas por parte de delincuentes, constituyendo un lamentable panorama.
En otro aspecto interesante, esta vez al parecer con más firmeza que en otra gestión, es la intención de que, una vez constatada legalmente el despojo de sus propietarios, las unidades “potables”, que las hay muchas, pasen a integrar el patrimonio del municipio.
Ideas similares se han aplicado en otros municipios, sumándose vehículos a la flota oficial de distintas dependencias, de motos que hoy carece el cuerpo de inspectores o destinando los mismos a entidades intermedias de bien público que cumplen labores solidarias y no disponen de recursos económicos para adquirirlos.
Las ideas en marcha son posibles y seguramente significarían una solución a la problemática; pero para ello es necesario ganarle a la burocracia que en general se genera desde el propio Estado. Una cuestión que por cierto atañe a otros órdenes, tan o más importantes del que narramos en este editorial.
