CGT Necochea repudió la censura y alertó por la libertad de prensa
La central local cuestiona un fallo judicial
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La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Necochea expresó en las últimas horas un fuerte rechazo a lo que calificó como “un grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información” por parte del Gobierno Nacional. A través de un comunicado difundido este viernes 5 de septiembre, la central sindical alertó sobre las implicancias de una reciente resolución judicial que, según señalaron, constituye un antecedente peligroso para el sistema democrático.
El origen de la polémica estuvo en un fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo lugar a una denuncia presentada por el Poder Ejecutivo. La medida ordenó frenar la difusión de audios atribuidos a la hermana presidencial, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia. Para la CGT local, esta decisión representa un caso de censura previa, en abierta contradicción con lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo, prohibiendo de manera expresa cualquier forma de censura.
En su declaración, la organización advirtió que este “grave avance del Gobierno Nacional” no es un hecho aislado, sino que se da en un contexto de creciente hostigamiento hacia la prensa y de agresiones permanentes contra medios y periodistas. “Desde esta Regional de CGT manifestamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de prensa, repudiamos toda acción intimidatoria promovida desde el poder político y rechazamos la medida judicial adoptada, por constituir un antecedente gravísimo contra la libertad de expresión y el funcionamiento de la democracia misma”, sostuvieron.
El comunicado fue firmado por Oscar Peralta y Demian Ledesma, secretarios generales de la Regional Necochea, y por Roberto Gómez, secretario de Prensa. Los dirigentes remarcaron que lo ocurrido excede un caso puntual, y que debe ser entendido como una señal de alerta frente a decisiones que afectan derechos esenciales en una sociedad democrática.
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