En medio del creciente conflicto entre el campo bonaerense y la gestión municipal de Necochea por la nueva tasa portuaria, el presidente del Consejo Portuario Argentino y titular del Puerto La Plata, José María Lojo, se refirió a la controversia y destacó la necesidad de establecer “consensos” que garanticen la sustentabilidad de las infraestructuras de transporte.

“Hoy los municipios como Necochea caen en resolver las cosas como pueden por su cuenta porque no hay una gestión mucho más generalizada detrás de esto. Las infraestructuras de transporte deben ser garantizadas por el Estado y sostenidas por los ingresos que produce la economía”, afirmó Lojo en diálogo con Diputados Bonaerenses.

Aunque aclaró que sus declaraciones fueron a título personal y que no conoce con detalle los términos de la nueva tasa, Lojo consideró “válido disputar con las cadenas de valor que los recursos para sostener la infraestructura salgan de las propias actividades que la utilizan”.

En ese sentido, remarcó que el agroexportador debe “aportar al sustento del propio negocio y de todo el entorno sociocultural que lo rodea”. Y fue más allá al señalar: “La renta no debe ser vista solo como propiedad de las empresas exportadoras”.

Según Lojo, el problema de fondo trasciende a Necochea y tiene raíz en un “déficit organizacional macro” que afecta a todo el país. “No nos hemos puesto de acuerdo a nivel nacional, provincial y municipal sobre cómo ordenar este sector clave que genera divisas y empleo”, subrayó, al tiempo que insistió en que las inversiones en infraestructura deberían planificarse mediante convenios entre empresas, municipios y comunidades, para que “parte de la renta se discipline en función del desarrollo comunitario y no solo en función de maximizar ganancias”.

El conflicto en Necochea: un frente de batalla con el campo

Las declaraciones del presidente del Consejo Portuario llegan en un contexto de máxima tensión en Necochea, donde el intendente Arturo Rojas implementó este año la controvertida Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial. La medida, que grava a los operadores en función del volumen de carga de los barcos, fue duramente criticada por el sector agroexportador, que ya anticipó que llevará el tema a la Justicia.

Desde el campo alegan que la tasa no se calcula sobre los costos reales de mantenimiento y la consideran un “impuesto encubierto”. “No es competencia municipal”, aseguran.

Por su parte, el municipio defiende la medida al señalar el deterioro que generan los más de 200.000 viajes de camiones anuales que transportan la producción hacia el Puerto Quequén, que en 2024 exportó más de 7,5 millones de toneladas.

El rechazo del campo bonaerense

La oposición a la tasa portuaria fue inmediata. Entidades como CONINAGRO y las principales Sociedades Rurales de la región manifestaron su rechazo desde el año pasado, cuando Rojas implementó por primera vez la medida.

“Solo tiene fines meramente recaudatorios, y entendemos que puede ser por no bajar el excesivo gasto público, que termina pagando el contribuyente de una u otra manera”, sostuvo Elbio Laucirica, presidente de CONINAGRO.

Las críticas también llegaron desde las Sociedades Rurales de Ayacucho, Mar Chiquita, General Madariaga, Tandil, Necochea, y muchas otras. En un comunicado conjunto, sintetizaron: “Políticos que atrasan. Con una tasa portuaria se busca tapar las ineficiencias de gestión, exprimiendo a la producción. Por más que se esfuercen en remarcar que los destinatarios de la tasa son los operadores del puerto o la exportación, todo gasto de comercialización se le termina liquidando a los productores en su precio”.

Mientras tanto, el debate sigue abierto y el conflicto amenaza con escalar, en un escenario que plantea interrogantes sobre cómo financiar las infraestructuras logísticas sin afectar la competitividad de los sectores productivos.